Una grave denuncia penal sacude al ámbito judicial de Presidencia Roque Sáenz Peña. Los abogados Oscar Exequiel Olivieri y Roberto C. Pugacz presentaron una acusación formal contra el fiscal de Investigación Penal Provisorio N.º 1, César Luis Collado, a quien señalan por los presuntos delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en un contexto que califican como una persecución judicial contra quienes denunciaron su desempeño.
La presentación sostiene que el accionar del fiscal no responde a criterios de legalidad ni a la defensa del interés público, sino que tendría como objetivo disciplinar o amedrentar a los profesionales que impulsaron un pedido de juicio político en su contra ante el Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento del Chaco.
Según los denunciantes, tras esa presentación institucional comenzó una serie de actuaciones e investigaciones impulsadas por el propio fiscal Collado, que alcanzarían decenas de causas vinculadas a la actividad profesional de los abogados, lo que interpretan como un intento de utilizar el aparato coercitivo del Estado como herramienta de represalia personal y de presión para condicionar el avance de las denuncias en su contra.
En el escrito judicial se advierte que esta conducta podría constituir una estrategia para presionar o desacreditar a quienes promovieron los mecanismos institucionales de control, intentando impedir o debilitar el resultado de las investigaciones vinculadas a su desempeño como funcionario judicial.
Los abogados sostienen además que existe una enemistad manifiesta y pública con el fiscal denunciado, situación que —según remarcan— debería haber obligado a su inmediata inhibición en cualquier investigación que los involucre, tal como prevé la normativa procesal. Sin embargo, afirman que lejos de apartarse, el funcionario habría profundizado las actuaciones, lo que interpretan como un claro desvío de poder y utilización indebida de la función pública.
La denuncia también recuerda antecedentes del concurso para cubrir cargos de fiscal en Sáenz Peña, donde el Consejo de la Magistratura rechazó una impugnación presentada por Collado luego de haber desaprobado el examen de oposición, resolución en la que se habrían señalado deficiencias técnicas en su desempeño profesional.
En comunicación con este medio los denunciantes advierten que el caso adquiere una gravedad institucional mayor en el contexto de los 50 años del golpe de Estado de 1976, señalando que resulta alarmante que, medio siglo después de uno de los períodos más oscuros de la historia argentina, vuelvan a aparecer prácticas que, según sostienen, utilizan estructuras del Estado para perseguir y hostigar a profesionales por ejercer sus derechos y cuestionar a funcionarios públicos.
En ese sentido, sostienen que este tipo de conductas remite simbólicamente a las etapas más oscuras del país, donde el aparato estatal era utilizado para intimidar, disciplinar o silenciar voces críticas.
En ese marco, solicitaron que la Justicia disponga el inicio de una investigación penal y el trámite de levantamiento de inmunidades (desafuero) del fiscal ante el Consejo de la Magistratura, a fin de determinar si existió un uso abusivo de las facultades del Ministerio Público.
Asimismo, pidieron ser admitidos como querellantes particulares en la causa y que se realicen distintas medidas de prueba para esclarecer los hechos.
La presentación abre ahora un escenario de fuerte tensión institucional dentro del sistema judicial chaqueño, donde será la propia Justicia la que deberá determinar si se trató de una actuación legítima del Ministerio Público o de una persecución dirigida contra quienes denunciaron irregularidades en el ejercicio del cargo.
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