El Juzgado de Faltas de Resistencia ordenó a la Policía controlar manifestaciones, identificar líderes y secuestrar elementos utilizados en protestas. La medida incluye la prohibición de generar ruidos en inmediaciones de escuelas, hospitales y dependencias estatales, en medio del creciente malestar de trabajadores públicos por los últimos exiguos aumentos salariales y la caída del poder adquisitivo.
A la prohibición de cortes de rutas y calles, se le sumó una nueva restricción a las protestas en el Chaco: una resolución del Juzgado de Faltas de la Primera Circunscripción Judicial estableció directivas concretas para el control policial de manifestaciones en Resistencia, con medidas que restringen de hecho la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a reclamar a sus representantes.
La disposición ordena a la Policía intervenir ante cualquier manifestación o acampe en espacios públicos y establece una serie de pautas para el accionar de los agentes, entre ellas la identificación de los manifestantes, la individualización de sus líderes y el registro detallado de la modalidad del reclamo.
Uno de los puntos más controvertidos es la prohibición de “generar ruidos y molestias” en proximidades de escuelas, hospitales, sanatorios y edificios públicos. La medida alcanza a elementos habituales en las protestas, como bombos, sirenas o pirotecnia, que forman parte de la expresión colectiva en movilizaciones sindicales y sociales.
Además, el oficio judicial ordena que, en caso de no acatar estas restricciones, la Policía pueda proceder al secuestro inmediato de los elementos utilizados en la protesta e incluso a la detención preventiva de los presuntos contraventores si fueran sorprendidos en flagrancia.
La resolución también establece que ante manifestaciones o acampes en la Plaza 25 de Mayo se deberá exigir autorización escrita del Municipio. Si los manifestantes no la exhiben, la Policía deberá intimarlos a retirar carpas, toldos, pancartas, garrafas y cualquier otro objeto en un plazo no mayor a 20 minutos, bajo apercibimiento de decomiso.
El documento también instruye a las fuerzas de seguridad a labrar actas de constatación en cada protesta, consignando la cantidad de participantes, la presencia de vehículos o carpas, los carteles utilizados y la identificación del referente del grupo que se manifiesta.
En caso de cortes de tránsito, los efectivos deberán dar aviso inmediato al equipo fiscal en turno, mientras que ante tomas de edificios públicos o privados se autoriza a requerir el desalojo inmediato y detener preventivamente a quienes persistan en la conducta.
Las restricciones a los ruidos, la exigencia de autorizaciones previas para acampes y la posibilidad de secuestrar elementos utilizados en manifestaciones son interpretadas como mecanismos que, en la práctica, dificultan la visibilidad de los reclamos sociales.
Aclaratoria
La resolución del Juzgado a cargo de la jueza subrogante Silvia Claudia Zalazar surgió como respuesta a un pedido de aclaratoria de la Comisaría Primera Metropolitana, ante la consulta de cómo proceder en caso de manifestaciones públicas en el centro de la ciudad.
La medida no es aislada: se inscribe en un contexto de creciente tensión social en la provincia. En el inicio de 2026, el gobierno de Leandro Zdero dispuso aumentos salariales del 5% en dos cuotas para los trabajadores estatales, luego de un año completo sin incrementos en los sueldos del sector público.
El esquema salarial fue ampliamente cuestionado por gremios docentes y estatales, que lo consideran insuficiente frente al deterioro del poder adquisitivo provocado por la inflación. A esto se le suma la situación de dos sectores en particular, particularmente perjudicados por la actual gestión de Zdero: los docentes, con la suspensión de la Cláusula Gatillo desde el segundo trimestre del año pasado y el de los trabajadores del Ministerio de la Producción, a quienes el gobierno les arrebató el Fondo Estímulo, restándole el 80% de sus salarios, según denunciaron.
REVISTA LITIGIO
