Una resolución oficial confirmó irregularidades denunciadas hace meses por legisladores del PJ y vuelve a poner en el centro de la escena al presidente del Instituto del Deporte, Fabio Vázquez
Lo que durante meses el oficialismo intentó relativizar, minimizar o directamente silenciar, hoy empieza a adquirir peso institucional. El Tribunal de Cuentas del Chaco resolvió exigir la devolución de 8.470.000 pesos a directivos del Instituto del Deporte Chaqueño y, además, mantiene bajo investigación responsabilidades por otros 12.487.756 pesos, en el marco de la denuncia presentada por los diputados provinciales Nicolás Slimel, Mariela Quirós y Analía Flores.
No se trata de una discusión menor ni de una simple diferencia administrativa. Lo que empieza a emerger con claridad es un esquema de manejo de fondos públicos marcado por la opacidad, la discrecionalidad y la ausencia de controles reales en un organismo que debería estar al servicio del desarrollo deportivo de la provincia, no de maniobras difíciles de explicar.
La denuncia original presentada por los legisladores peronistas hablaba de desvíos por más de 109 millones de pesos, presuntamente canalizados a través de depósitos en las cuentas sueldo de dos empleados del Instituto. Ahora, aunque el Tribunal de Cuentas por el momento avanzó parcialmente sobre una porción menor de ese total, el dato político de fondo es contundente: hubo irregularidades detectadas por el organismo de control. Es decir, la denuncia no era una operación, no era una exageración, no era un montaje opositor. Había hechos concretos que merecían ser investigados.
Pero quizás lo más alarmante no sea solo el monto ya observado, sino el contexto de funcionamiento que empieza a quedar expuesto. Según lo informado, el Tribunal también determinó que el 100% de los pagos realizados desde el Instituto del Deporte se hizo en efectivo. En cualquier administración pública seria, un dato de semejante magnitud encendería todas las alarmas. El uso sistemático del efectivo no solo debilita la trazabilidad de los recursos, sino que abre la puerta a prácticas incompatibles con una gestión transparente.
En términos políticos, el caso golpea de lleno sobre la conducción de Fabio Vázquez, porque, de acuerdo con lo señalado por Slimel, las resoluciones que habilitaron esos anticipos llevan su firma. La pregunta entonces ya no es solo administrativa, sino profundamente política: ¿quién controlaba el destino del dinero público? ¿Quién autorizó estos mecanismos? ¿Quién debe responder ante la sociedad chaqueña?
Cuando faltan recursos para clubes, infraestructura, programas barriales y acompañamiento a deportistas, cada peso mal administrado duele el doble. Porque no se trata únicamente de números en un expediente: se trata de oportunidades que se pierden, de chicos y chicas que no acceden al deporte, de instituciones que sobreviven a pulmón mientras desde el Estado se multiplican decisiones sospechosas.
También resulta imposible no marcar el valor político de la tarea opositora en este caso. Fueron diputados peronistas quienes llevaron la denuncia adelante, quienes insistieron cuando muchos preferían mirar para otro lado y quienes hoy ven ratificada, al menos en parte, la seriedad de sus planteos. En tiempos donde parte de la política se acostumbra a la denuncia vacía, este episodio demuestra que el control opositor sigue siendo una herramienta indispensable para defender el interés público.
Sin embargo, el fallo parcial abre una segunda discusión igual de importante: qué va a pasar con el resto de los fondos denunciados. Porque si la presentación original hablaba de más de 109 millones de pesos y el Tribunal, por ahora, avanzó sobre una fracción de esa suma, queda pendiente una explicación integral. La sociedad chaqueña tiene derecho a saber si estamos frente a una porción de un problema mucho mayor.
Lo ocurrido en el Instituto del Deporte no puede cerrarse con tecnicismos ni con silencios administrativos. Hace falta una investigación a fondo, responsabilidades políticas concretas y una señal clara de que en el Chaco los organismos públicos no pueden funcionar como cajas oscuras. Cuando el Estado pierde transparencia, pierde legitimidad. Y cuando quienes administran fondos públicos no pueden explicar con claridad qué hicieron con ellos, lo que se erosiona no es solo una gestión: se erosiona la confianza democrática.
El Tribunal de Cuentas dio un paso que cambia el escenario político: confirmó que había motivos para denunciar y dejó al descubierto un esquema de manejo de fondos que merece explicaciones urgentes. Ahora la pelota ya no está en la oposición, sino en quienes gobernaron el organismo y en la Justicia o los órganos de control que deban avanzar hasta el final.
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