Ian Moche presentó una solicitud formal ante la Cámara de Diputados para que se evalúe la aplicación de sanciones disciplinarias o la expulsión de Lilia Lemoine.
El niño activista Ian Moche, referente en la defensa de los derechos del colectivo de discapacidad, presentó este viernes una solicitud formal ante la Cámara de Diputados para que se evalúe la aplicación de sanciones disciplinarias o la expulsión de la diputada de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, a quien acusa de incurrir en inhabilidad moral por sus declaraciones públicas.
La presentación fue impulsada por el abogado Andrés Gil Domínguez, quien representa legalmente al menor. “Ahora los representantes del pueblo tienen la palabra”, escribió el letrado en su cuenta de X, al confirmar el ingreso del pedido contra la legisladora libertaria.
Una denuncia por inhabilidad moral
El reclamo se originó tras los dichos de Lemoine, quien acusó a Ian de “actuar como autista” y afirmó que su madre, Marlene Spesso, “no estaba bien de la cabeza”. Las expresiones generaron un fuerte repudio en organizaciones vinculadas a la discapacidad, que las consideraron discriminatorias y estigmatizantes.
En el escrito elevado a la Cámara baja, la defensa de Moche sostiene que las declaraciones de la diputada vulneran derechos fundamentales y son incompatibles con la responsabilidad institucional que implica ejercer una banca nacional.
Antecedentes y escalada del conflicto
El ataque de Lemoine no fue un hecho aislado. Ya había sido blanco de cuestionamientos por parte de figuras del oficialismo, incluido el propio presidente Javier Milei, quien en el pasado replicó un mensaje que vinculaba al niño con una supuesta “operación kirchnerista”.
Tras ese episodio, la familia del menor denunció hostigamiento y violencia simbólica, luego de que el jefe de Estado calificara a Ian y a su entorno como “kukas”, deslegitimando públicamente su reclamo por los recortes en políticas de discapacidad.
En este nuevo capítulo, las declaraciones de Lemoine profundizaron la polémica. “Una señora puede lucrar con un hijo menor de edad y llevarlo a los medios”, sostuvo la diputada, en una frase que reavivó el debate sobre los límites del discurso político, la protección de los derechos de los niños y la responsabilidad ética de los funcionarios públicos.
