La Cámara Federal de Casación Penal ratificó en noviembre la competencia federal en la causa que investiga una presunta red de empresarios y funcionarios vinculados al desmonte ilegal en Chaco. Desde la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas -querellante en la causa- sostienen que el fallo es clave para avanzar contra el entramado de poder que permitió la destrucción del bosque nativo.
La megacausa que investiga una presunta red de empresarios, funcionarios y legisladores vinculados al desmonte ilegal en Chaco volvió a tomar impulso en la Justicia Federal, luego de que la Cámara Federal de Casación Penal ratificara en noviembre su competencia para seguir adelante con la investigación conocida como la “mafia de los desmontes”.
El avance judicial se produce en un contexto de fuerte tensión entre el sector productivo y organizaciones ambientalistas, que en las últimas semanas se profundizó tras la suspensión por parte del Superior Tribunal de Justicia del Chaco de la aplicación del polémico Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) aprobado por el gobierno de Leandro Zdero, decisión judicial que paralizó la actividad maderera en la provincia. Sin embargo, según advierten desde el colectivo Abogados Ambientalistas, el movimiento más relevante no estuvo en las medidas cautelares, sino en la reactivación de la causa penal federal de fondo.
La investigación apunta a un entramado que habría promovido el avance sistemático sobre el bosque nativo con fines económicos, incurriendo en delitos como abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias, malversación de fondos y asociación ilícita.
La causa había sido frenada en instancias judiciales locales, donde tanto el Juzgado Federal Nº1 como la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia habían declarado la incompetencia de la justicia federal. Esa decisión fue revertida por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, a partir de los recursos presentados por el Ministerio Público Fiscal y la querella.
En su fallo, el juez Gustavo Hornos sostuvo que la investigación tiene carácter interjurisdiccional, ya que el daño ambiental generado por los desmontes excede el territorio chaqueño y afecta al ecosistema compartido con otras provincias de la región, como Santiago del Estero y Formosa. El magistrado fundamentó su decisión en la Ley General del Ambiente, que establece la competencia federal cuando están en juego recursos ambientales de alcance interprovincial.
Según datos oficiales, en los últimos años el Chaco perdió miles de hectáreas de bosque nativo, un dato clave para sostener la intervención federal mientras avanzan los peritajes sobre el daño ambiental.
“Ese fallo es central porque el Tribunal de Casación Penal es la máxima autoridad penal del país y todo lo que ocurra en esta causa va a ser revisado por ese organismo”, explicó Fabián Maggi, integrante de Abogados Ambientalistas y uno de los impulsores de la denuncia presentada a mediados de 2024.
Desde el sector ambientalista sostienen que la intervención federal es clave para evitar lo que describen como un esquema de “puerta giratoria”, en el que empresarios del sector forestal ocupan cargos públicos o legislativos vinculados al control de la actividad que ellos mismos desarrollan. “Esta es la causa que, en definitiva, va a marcar el rumbo”, sintetizó Maggi en declaraciones a Bicho de Campo.
En ese marco, la causa incluye señalamientos contra el ex director provincial de Bosques, Miguel Ángel López, acusado de haber intervenido en recategorizaciones prediales que luego lo habrían beneficiado como empresario. López rechazó las acusaciones y denunció una campaña para “deshonrar su nombre”, asegurando que el desmonte por el que fue señalado corresponde a una gestión anterior.
Imputaciones
Más allá de los casos puntuales, la investigación también apunta al presunto uso de la estructura estatal para sostener desmontes ilegales en áreas protegidas. En ese contexto, la jueza federal Zunilda Niremperger había dictado medidas cautelares que suspendieron los desmontes en la provincia, lo que permitió avanzar en imputaciones penales contra empresarios particulares, entre ellos el carbonero Alesio Roberto Nardelli.
En octubre pasado la cautelar federal perdió vigencia parcialmente y el control volvió a la Dirección de Bosques chaqueña, una decisión que generó críticas desde el ambientalismo. “Estamos intentando que el Tribunal de Casación restituya la prohibición de desmonte, porque ahí está el gran problema”, advirtió Maggi, al cuestionar la falta de control efectivo del organismo provincial.
El abogado también apuntó contra actuales y ex funcionarios del área productiva, a quienes acusó de dejar “planchados” o archivados expedientes por infracciones ambientales. “No lo decimos nosotros, lo dice la propia Dirección de Bosques. Es una denuncia institucionalmente gravísima”, subrayó.
Para Abogados Ambientalistas, la ratificación de la competencia federal marca un punto de inflexión en una causa que, aseguran, puede sentar precedentes no solo para Chaco, sino para toda la región. “Si los tribunales locales siguen fallando en contra de la ley, vamos a impugnar hasta llegar a Casación. Eso es central”, concluyó Maggi.
Con información de Bichos de Campo
