La Sociedad Rural de Corrientes nombró la plaza central de su predio en honor al capitán Juan Carlos De Marchi, un represor condenado por 70 crímenes de lesa humanidad. De Marchi estuvo al frente del centro clandestino del Regimiento 9 y acumuló dos condenas a 25 años de prisión. El homenaje reaviva un viejo respaldo institucional al militar, que la entidad rural ya había defendido públicamente en 2008.
La decisión de la Sociedad Rural de Corrientes Capital de imponer el nombre del capitán Juan Carlos De Marchi —condenado por delitos de lesa humanidad— a la plaza principal de su predio sobre la Ruta 12 generó un fuerte rechazo en ámbitos vinculados a los derechos humanos y el sistema judicial. La medida es señalada como un acto de apología del terrorismo de Estado y una afrenta a las víctimas de la última dictadura cívico-militar. El hecho lo dio a conocer el sábado el fiscal federal ad hoc de Derechos Humanos de Resistencia, Diego Vigay, en su cuenta de Facebook.
De Marchi, fallecido en junio de 2024, había obtenido la libertad condicional en 2021 tras cumplir dos tercios de una pena de 16 años y 6 meses en la Unidad 34 del Servicio Penitenciario Federal. Su nombre figura en dos condenas a 25 años de prisión dictadas por el Tribunal Oral Federal de Corrientes, acumulando un total de 70 crímenes de lesa humanidad.
Entre los delitos acreditados en las sentencias se incluyen secuestros ilegales, torturas y tormentos contra víctimas perseguidas políticamente. Entre quienes padecieron estos crímenes había una beba de pocos meses, sacerdotes, estudiantes secundarios y universitarios de la UNNE, periodistas, trabajadores y dirigentes gremiales.
La primera condena llegó en 2008, en el juicio conocido como Regimiento 9, donde se lo responsabilizó de integrar una asociación ilícita y participar en la privación ilegal de la libertad y torturas hacia 11 personas. Esa sentencia fue posteriormente confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En aquel fallo, los jueces describieron que el grupo de tareas bajo la conducción de De Marchi actuaba con amplia discrecionalidad, realizando detenciones ilegales, interrogatorios bajo tormentos y sometiendo a las víctimas a condiciones indignas e inhumanas de alojamiento, mientras se definía su destino final: judicializarlas, liberarlas o hacerlas desaparecer.
Los magistrados también acreditaron la existencia del centro clandestino que funcionó en el Regimiento 9, activo desde 1976, así como las detenciones y torturas que se llevaban a cabo en dependencias policiales desde 1975.
Nueva condena
En 2023, el Tribunal Oral Federal de Corrientes volvió a condenar a De Marchi a 25 años de prisión en el juicio “Séptima Brigada”. La sentencia lo encontró penalmente responsable de numerosos hechos de privación ilegal de la libertad agravada, violencia institucional y aplicación de tormentos, con un extenso listado de víctimas que incluye más de 60 personas.
La reacción social tampoco es nueva: en 2008, la dirigencia de la Sociedad Rural había publicado solicitadas y encabezado una marcha reclamando la impunidad de De Marchi y cuestionando las denuncias por crímenes de lesa humanidad.
