Ochenta y seis trabajadores del canal Somos Uno y de Radio Provincia fueron despedidos este viernes por la gestión de Leandro Zdero. Desde el gobierno, se argumentó que la decisión fue tomada como un gesto de austeridad ante el alto costo salarial. Los medios públicos ahora dependen directamente de la administración provincial, donde se plantearon posibles recontrataciones con salarios significativamente reducidos. La decisión, marcada por la demonización de los empleados y un guiño al gobierno nacional, también abre espacio para que los amigos del poder puedan hacer más negocios.
En su afán por intentar mostrarse como el mejor alumno de Javier Milei, el gobernador, Leandro Zdero, decidió ensañarse con los trabajadores de los medios públicos del Chaco: los echó a todos. Ochenta y seis personas de planta permanente. Muchos de ellos lo entrevistaron durante su época como candidato, cuando se le brindó micrófono y aire para que difunda sus propuestas. Incluso, algunos votaron por él.
El anuncio de este despido masivo lo dieron este viernes, en Casa de Gobierno. Quienes dieron la cara fueron el presidente de Ecom Chaco, Adrián Veleff; el secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico y la abogada especialista en telecomunicaciones, Leticia Vázquez. También estuvo en la mesa, pero haciendo un discreto silencio, el responsable de los medios públicos, Carlos Minich.
El contexto era tenso: tanto en la sede de Ecom CHACO como en la Casa de las Culturas, donde funcionan los medios públicos, se apostó una gran cantidad de policías. Se corrió el rumor de que iban a tomar las instalaciones como forma de protesta. Nada de eso ocurrió. El anuncio de los despidos fue recibido por los trabajadores con resignación y tristeza.
Presentada como una “reestructuración del multimedios Somos UNO”, Veleff informó que la empresa ECOM Chaco se desligó de la administración de los medios públicos provinciales, conformados por el canal “Somos Uno” y Radio Provincia, los cuales pasarán a la órbita del gobierno provincial. Más precisamente, al área que conduce Resico.
Para esto, el gobernador dictó los decretos 2580/24 y 2581/24, firmados el 27 de diciembre pasado. El primero, dejó sin efecto el decreto 1560/15 mediante el cual el por entonces gobernador, Jorge Capitanich, autorizó a la empresa ECOM Chaco SA a la instalación, funcionamiento y explotación de un servicio de radiodifusión identificado como LRH 251 Radio Chaco. En tanto que el segundo, dejó sin efecto el decreto 779/11, también firmado por Capitanich, que autorizaba a la firma informática a que también se haga cargo de una señal de televisión abierta, posteriormente conocida como Chaco TV (hoy Somos Uno). Ambas licencias habían sido concedidas por la extinta Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Al mismo tiempo, facultó a ECOM a dictar e instrumentar “las medidas que resulten necesarias, para dar cumplimiento a lo establecido en el presente instrumento legal”. Dicho de manera menos adornada: despedir e indemnizar al personal.
Ambos instrumentos le dan un poder total a Resico. Tanto el canal como la radio quedaron bajo la órbita de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, donde el funcionario podrá decidir a cuál productora privada otorgarle espacio en el canal público (“celebración de los acuerdos, convenios y/o contratos que resulten menester, tanto con entidades públicas como privadas”) y también determinar los “fondos que sean necesarios” para afrontar “los gastos y erogaciones ordinarias y corrientes que demanden las tareas de administración del servicio de radiodifusión provincial”.
Durante la conferencia de este viernes se intentó por todos los medios demonizar a la gestión anterior y a los trabajadores del multimedio estatal. Se hizo hincapié en los altos salarios y en supuestos gastos exorbitantes que no tendrían comprobantes. También se acusó de ñoquis a algunos trabajadores.
En este afán de demonizar a los empleados, creando así un relato contado desde la austeridad y no desde la crueldad, el gobierno provincial envió una gacetilla de prensa donde detalló lo que cobraban de sueldo bruto los despedidos. En diciembre de 2024, se pagaron dos sueldos de 3,7 millones de pesos; uno de 2,8; otro 2,7; otro de 2,5; dos de 2,4; 13 sueldos de más de 2 millones; 42 de más de 1,5 millones y 31 de más 1,1 millones.
Durante la conferencia, Resico aseguró que los medios públicos continuarán al aire, aunque dio a entender que será en una versión de producto mínimo viable. “Se garantizará la continuidad del funcionamiento de los medios públicos, pero lo haremos de manera austera y ordenada, como nos pide el gobernador”, afirmó.
Periodistas locales le consultaron a Resico si todos los despedidos iban a ser recontratados por el gobierno, ahora bajo su ala. Contestó que se llamará uno por uno para determinar qué hacer y se les ofrecerá un salario mucho más “realista”, para no decir bajo.
Según pudo saber LITIGIO, algunos de los trabajadores despedidos ya recibieron propuestas informales para continuar en sus puestos de trabajo. A cambio, deben aceptar el pago de solamente el 40% de su indemnización y regirse mediante un contrato precario, que podría darse de baja en cualquier momento.
Entre los despedidos, además de periodistas, hay productores, tituladores, locutores, camarógrafos, sonidistas, maquilladoras, programadores y operadores, entre otros. Muchos de ellos están desde 2011, cuando se abrió el canal. Nadie sabe qué va a pasar el lunes. Todavía ninguno recibió algún telegrama. La incertidumbre es total.
Oler sangre
¿Por qué Zdero se ensañó con los medios públicos? Hay un hecho claro: Milei no lo tiene entre sus gobernadores mimados. En lo que va de 2024, las transferencias discrecionales del gobierno nacional hacia el Chaco cerraron con una importante caída, mostrando una contracción del 9,7% interanual en términos reales. Esa caída provocó que, durante el año, la provincia pierda un total de $198.742 millones, según un informe publicado por la consultora Politikón.
Es evidente que, para posibilitar un acercamiento hacia el poder central, para recibir más dinero en un año electoral como este, Zdero se quiere presentar como el mejor alumno. Aunque el recorte represente un impacto mínimo en las cuentas públicas. Y para esto apuntó hacia los medios públicos.
¿Por qué olió sangre ahí? En primer lugar, por la precariedad de su estructura. No hay una ley que les dé un marco a los medios públicos del Chaco. Funcionaban dentro de la órbita de Ecom mediante dos decretos, los cuales, como se vio, fueron dejados sin efecto de un plumazo. Eran un blanco fácil.
Atado a esto está el encuadre de los trabajadores que dependen de ECOM Chaco. Esta empresa de capitales mixtos (casi la totalidad del Estado chaqueño), es un híbrido que cuando le conviene actúa como empresa privada, pero cuando no, es del Estado.
El gobernador pone y saca a los presidentes de la empresa y desde el Ejecutivo se le ordena qué hacer. (El último, Luis Verga, fue echado acusado de graves hechos de corrupción sin que se haga una conferencia de prensa para informar sobre esto). Pero en cuanto a lo laboral, ECOM se presenta como una empresa privada que puede despedir a sus empleados sin necesidad de sumario administrativo ni causal alguna. Durante 2024, echaron una decena de trabajadores de los medios públicos, en una suerte de globo de ensayo de lo que ocurriría meses más tarde.
Negocios con amigos
Este vaciamiento crea además un terreno fértil para los negocios de relacionistas públicos amigos del poder, que se disfrazan de periodistas. A falta de personal, el gobierno chaqueño se apresta a rellenar la grilla de la radio y la tele con “enlatados” y producciones realizadas por productoras locales. “Para nosotros, es importante la fusión de lo privado con lo público y de esta manera, evitar que todos los gastos caigan sobre el Estado”, reconoció Resico este viernes.
El veterano comunicador, Julio Wacjman, ya copó la segunda mañana de la televisión pública saliendo en dúplex con su programa de radio. El dueño del canal Norte Grande Federal, Marcelo Rubiolo, también tiene un programa (Noticias NG) y se prevé que incorporará nuevas producciones. “Tenemos varios proyectos para este 2025, que tienen que ver con la seguridad, lo político y el turismo. Es un desafío muy grande, porque integrar público privado no es nada fácil”, sostuvo Rubiolo en una entrevista, antes de cerrar el año.
También otros periodistas amigos del gobierno tendrán su espacio con sus respectivos programas. Una vez más, fondos públicos para negocios privados. El Estado pone los “fierros”, el equipamiento y la inversión fuerte, y las productoras lo único que hacen es rellenar con algo de contenido (no importa la calidad) y finalmente se llevan su torta de dinero, usufructuando el alcance y llegada a toda la provincia de los medios estatales.
Esto es un favor enorme, una mano muy grande desde el gobierno para estos relacionistas públicos que se hacen millonarios parasitando al Estado. Y eso, en algún momento, se devuelve.
Por Bruno Martínez Revista Litigio
