Javier Milei terminó su primer año de mandato sin privatizar ninguna empresa pública. Los avances son tan lentos que esta semana el Gobierno se vio obligado a extender por segunda vez el plazo estipulado para que las empresas públicas se conviertan sociedades anónimas.
«La gravedad de la situación exige su prórroga por el término de sesenta (60) días con el fin de contar con el tiempo suficiente para concretar lo establecido en la Ley General de Sociedades y sus modificatorias», se detalla en el Decreto 1120/2024.
La medida se suma a mas de una decena de flexibilizaciones que habilitó la Comisión Nacional de Valores para agilizar las privatizaciones, que como reveló LPO, el Gobierno no logra poner en marcha. El ejemplo más emblemático es Aerolíneas Argentinas. Se pasó de anunciar su privatización inmediata o cierre, a festejar la venta de pasajes por las vacaciones.
El decreto que da más plazo para la transformación de las empresas del Estado en SA es muy elocuente sobre la lentitud del gobierno, porque se trata de apenas un primer paso del proceso privatizador.
«Extienden el plazo por dos meses más, luego de haberlo prorrogado por 180 días en julio», afirmó a LPO un funcionario del Gobierno que critica el desempeño del equipo que conduce Diego Chaer, titular de la Agencia de Transformación de las Empresas Públicas.
Chaer responde directamente a Santiago Caputo que es quien maneja todas las empresas del Estado. «Siempre pasa lo mismo, cuando se dan cuenta de los recursos que manejan las empresas del Estado, los sueldazos que se pagan, las secretarias, los choferes, la pauta, pierden el entusiasmo por privatizarlas», explicó a LPO un funcionario que tiene una mirada muy crítica sobre la gestión del principal asesor de Milei.
Lo curioso es que pese al aval de la ley Bases, el gobierno de Milei sólo pudo avanzar en la venta de Impsa, la empresa de ingeniería compleja que fundó Enrique Pescarmona y estatizó Alberto Fernández. Pese a que se trata de un empresa con clientes y competitiva a nivel mundial, el gobierno de Milei va a terminar el año sin terminar de cerrar su venta.
Para concretar las privatizaciones, hay distintos mecanismos que el Ejecutivo tiene en carpeta: uno la venta directa por licitación, para lo que necesita de la aprobación del Congreso, pero también podría lanzar una oferta pública inicial para sacar acciones de la compañía al mercado de capitales.
También podría ceder parte de las empresas -por ejemplo a los empleados (como se barajó para el caso Aerolíneas Argentinas)- o cerrarlas y poner a la venta los inmuebles a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), como el propio Gobierno dijo que iba a pasar con el valioso terreno de la Televisión Pública en Barrio Parque y otros inmuebles destacados de Télam y Radio Nacional. Pero hasta ahora nada de esto ocurrió.
De hecho, el gobierno anunció el cierre de Télam y dio de baja su servicio -por el que pagaban los abonados- para mantener la empresa con su estructura original, sólo que ahora escriben notas que nadie lee. Un despropósito.
Para ocultar su atraso en esta política, que se supone hace al corazón del dogma libertario, el Gobierno salió a promocionar la «inminente» venta de Impsa. En efecto esta pequeña empresa, es la única que tiene un interesado claro: la norteamericana ARC Energy presentó la única oferta conocida. Ofreció inyectar USD 27 millones como capital de trabajo. Pero la venta sigue demorada.
El principal obstáculo para concretar la operación es la deuda de Impsa, que asciende a USD 570 millones. Entre los acreedores se destacan el BID, el Banco Nación y el fondo de inversión chileno Grupo Moneda. Según un funcionario que sigue las negociaciones, ARC Energy solicitó un fuerte descuento sobre el monto total de la deuda y una extensión de los plazos de pago.
De hecho, a contramano del optimismo del gobierno nacional, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, le bajo la espuma a la privatización. «No creo que se resuelva la situación en el corto plazo porque Impsa es una empresa que tiene muchísimos problemas», afirmó.
Como sea, el proceso privatizador del gobierno libertario no fluye. «No tengo plata para privatizar», sintetizó el titular de una de las empresas sujetas a oferta ante la consulta de LPO. «Se necesitan estudios jurídicos y legales, consultores, contadores y abogados. Eso es un montón de plata», agregó.
«No tienen idea, les falta un Dromi que ordene el proceso, no tienen gente. Desde el punto de vista técnico el gobierno está muy flojo», agregó a LPO un ex funcionario del menemismo.
