Son Santiago del Estero, San Luis, Jujuy, Formosa, La Pampa, Corrientes y Salta. El distrito gobernado por Gerardo Zamora es el que más paga: $ 1,3 millón a cada trabajador
En un esfuerzo por mitigar los efectos de la inflación y el deterioro del poder adquisitivo, siete gobernadores implementaron bonos extraordinarios de fin de año para sus empleados estatales, a pesar del complejo año económico, marcado por una significativa reducción en las transferencias de coparticipación.
Las provincias que darán el bono son Santiago del Estero, San Luis, Jujuy, Formosa, La Pampa, Corrientes y Salta. En el primer caso, el gobernador radical que integra el dispositivo político de Unión por la Patria, Gerardo Zamora, anunció un bono récord de $1,3 millón, a pagar en tres cuotas (la última prevista para el 3 de enero), y adelantó la reapertura de negociaciones paritarias a febrero próximo.
El santiagueño fue el primer gobernador en anunciar el bono. Lo hizo a principios de noviembre. En un comunicado oficial subido a sus redes sociales de Facebook y X, indicó que “de acuerdo al compromiso con la Mesa de Diálogo y Trabajo los empleados públicos santiagueños volverán a recibir un bono de fin de año de 1.300.000 pesos”.
Y detalló que el pago de esta cifra a los casi 60.000 estatales provinciales santiagueños se hará en tres cuotas, las cuales serán “los primeros 500 mil pesos el 5 de noviembre, la segunda cuota del mismo monto el 6 de diciembre y la última, de 300 mil pesos, el 3 de enero”.
Zamora es un radical del Frente Cívico y Social, pero actúa como aliado del kirchnerismo. En el Congreso de la Nación, los legisladores de su partido no avalaron las reformas que impulsó la gestión de Javier Milei.
El gobernador adelantó, además, que el 20 de diciembre se pagará el aguinaldo y envió un mensaje a los intendentes y comisionados municipales de la provincia para que “hagan el esfuerzo presupuestario, adhiriendo al mismo monto y cronograma, para que los empleados municipales también puedan recibir esa ayuda extra, en estos momentos difíciles”.
En San Luis, el gobernador Claudio Poggi destinó $350.000 para empleados públicos y $150.000 para beneficiarios de programas de inclusión social. El puntano resaltó hace cinco días que estos fondos provinieron de un exhaustivo trabajo para equilibrar las cuentas de una administración que, según afirmó, había recibido con déficit fiscal y casos de corrupción.
“En este año, con muchísimo orden y esfuerzo, estamos equilibrando las cuentas, no nos sobra nada, pero ya con los ingresos estamos cubriendo las erogaciones. Es un muy buen punto de partida para poder proyectarnos con esperanza hacia el futuro”, remarcó en su mensaje.
Poggi subrayó la fuerte inyección financiera que implica esta medida: “Este bono de fin de año, de $350.000 a los empleados públicos y de $150.000 a los beneficiarios de Inclusión Social, suman 17 mil millones de pesos a la economía provincial, este monto se suma al aguinaldo y al sueldo que van a percibir”.
Gustavo Sáenz, en Salta, entregó $100.000, mientras que en La Pampa, Sergio Ziliotto otorgó $300.000 y mantuvo activa la cláusula gatillo para ajustes salariales hasta enero.
En Formosa, en tanto, el gobernador peronista Gildo Insfrán dispuso un bono excepcional de $700.000, dividido en dos cuotas para enero y febrero. Este beneficio excluyó a quienes percibieron ingresos brutos superiores a $2 millones y a ciertos funcionarios de alto rango.
En Jujuy, el jefe de gobierno Carlos Sadir (UCR) pagó la segunda cuota de un bono no remunerativo, que ascendió a $200.000 para los empleados estatales y a $140.000 para capacitadores laborales.
Contexto económico: el impacto de la inflación y la reducción de transferencias
Estas medidas se tomaron en un escenario financiero complejo. Según datos oficiales, las transferencias por coparticipación disminuyeron un 10,7% en términos reales interanuales, mientras que las transferencias no automáticas cayeron un 76,8%. Este retroceso afectó severamente los presupuestos provinciales, obligando a los gobernadores a realizar ajustes salariales para equilibrar las cuentas.
Sin embargo, la inflación acumulada y las sucesivas devaluaciones erosionaron el poder adquisitivo de los empleados públicos, a pesar de los incrementos salariales en algunas provincias que superaron el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Los bonos actuaron como paliativos temporales para amortiguar esta pérdida.
Proyecciones para 2025 y recursos adicionales para la CABA
A pesar de las dificultades actuales, el gobierno nacional proyectó un aumento en las transferencias a provincias y municipios para 2025, estimadas en $3,6 billones, lo que representó un incremento del 69,9% respecto al cierre estimado de este año. Este aumento se explicó principalmente por mayores transferencias corrientes y, en menor medida, por transferencias de capital.
Un punto relevante fue la asignación adicional para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), derivada de un acuerdo reciente que elevó los recursos destinados a la capital. Este ajuste despertó críticas en algunas provincias, que advirtieron sobre la necesidad de mayor equidad en la distribución de fondos.
