El Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco denunció que la Policía volvió a incumplir un fallo del Superior Tribunal de Justicia que ordenó garantizar la protesta social. Fue al desplegar un nuevo operativo ilegal para impedir que diversas organizaciones sociales y gremiales pudieran ejercer su derecho a la protesta garantizado constitucionalmente.
El Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco denunció que el gobierno provincial volvió a incumplir una sentencia del Superior Tribunal de Justicia que le ordenó garantizar el derecho a la protesta social al impedir este jueves una manifestación de organizaciones sociales y gremiales bajo la consigna nacional “La Patria no se vende” que reclama por una Argentina con justicia social, paz y soberanía.
Como organismo institucional, el Comité lleva a cabo la tarea de monitoreo de la protesta social en verificación del cumplimiento de la ley 2399-J, que regula el accionar de las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas, y que desde la asunción del gobierno del gobernador Leandro Zdero nunca se cumplió. Por el contrario, los operativos ilegales son publicitados como logros de la gestión actual que le permitieron “erradicar los piquetes” cuando en realidad son violatorios de leyes y derechos vigentes.
Entre los cuestionamientos al operativo policial, el Comité mencionó el despliegue desmedido en relación con la cantidad de manifestantes, que hubo efectivos sin la identificación reglamentaria (de civil), móviles policiales no identificados, intervención de cuerpos de seguridad sin la debida capacitación y el cercenamiento del derecho constitucional a la circulación.
