El Gobierno disolvió este martes otro tres fideicomisos públicos. Adujo que no cumplían los objetivos de creación ni tampoco estaban operativos. Se trata del Fondo Nacional de Emergencias, el Fondo Fiduciario Progresar y Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Fobosque).
Lo hizo mediante el decreto 888, publicado en el Boletín Oficial. De esta manera, se suma al cierre de otros ocho fideicomisos en la administración de Javier Milei. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger celebró la medida al remarcar que “los fondos fiduciarios que se cierran hoy no se habían puesto en marcha o habían mostrado graves irregularidades en su funcionamiento”.
Sturzenegger, además, garantizó que los objetivos que motivaron la creación de estos fondos se seguirán impulsando en la medida que el Congreso así lo determine en el presupuesto nacional, que es la única fuente de validación de gastos en una sana administración pública.
“El decreto 888 nos acerca a una gestión más racional y transparente de los recursos de los contribuyentes, paso fundamental para una macro más ordenada y una sociedad con menos corrupción”, planteó el funcionario.
Según se informó de manera oficial, la Sigen detectó que el fideicomiso creado para financiar las becas Progresar “nunca se encontró operativo” y que las becas se van a financiar desde el Ministerio de Capital Humano como hasta ahora.
En el caso del Fobosque, que tenía presupuestados ingresos por $8500 millones en 2023, “surge un déficit de capacidad institucional y logística de las jurisdicciones para informar y evidenciar la efectiva aplicación de los fondos”. Desde el Gobierno aseguran que la política pública seguirá desde la Secretaría de Ambiente.
Cuáles son los tres nuevos fondos fiduciarios que eliminó el Gobierno y por qué
El Gobierno disolvió el Fondo Nacional de Emergencias, el Fondo Fiduciario Progresar y Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Fobosque). La eliminación de estos tres fideicomisos públicos se dio tras un análisis de la Sigen que arrojó “deficiencias” y “falencias” en la aplicación de los fondos.
El Fondo Nacional de Emergencias tenía como objetivo financiar las acciones de respuesta ante determinadas circunstancias que afectaran al país. Según los resultados de la auditoría realizada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), “nunca se encontró operativo” ni contó con partidas asignadas.
“Así, quedo reducido a una enunciación carente de implementación práctica”, indicaron desde el Ministerio de Economía. En el Presupuesto 2023, ese fideicomiso de Emergencias aparecía con apenas $100.000 de ingresos y gastos por la misma cantidad, pero aclaraba que por las características debía implementarse en situaciones excepcionales y por eso no tenía ejecución asignada.
En esa misma línea, el Fondo Fiduciario Progresar -creado para financiar acciones de estímulo económico a estudiantes- tampoco llegó a implementarse.
En tanto, el Gobierno justificó la disolución del Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos en que se encontraron “debilidades” en los registros, mostrando un “déficit de capacidad institucional y logística” de las jurisdicciones, así como la “inexistencia de indicadores claros” sobre la gestión realizada.
Sobre ese aspecto, en el ambientalismo alertan por el principio constitucional de no regresión ambiental, es decir que si hubo compromisos internacionales para la protección y un fondeo, el Gobierno estaría incumpliendo al disolver el Fonbosque. Pero desde la Rosada enfatizan que la política pública no se discontinúa.
Qué dijo Federico Sturzenegger sobre el cierre de otros tres fondos fiduciarios
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, justificó la disolución de los 3 fondos fiduciarios mediante el decreto 888, al remarcar que “son una suerte de caja, con recursos preasignados a un fin específico y cuentan, a su vez, con mayor agilidad de contrataciones. Parecen objetivos loables, sobre todo para la atención a emergencias; pero ambos conceptos encierran el germen de una mala administración”.
“Explicamos: la asignación de los recursos para gastos específicos garantiza un mal uso de los mismos, porque no permite ponderar en cada momento el beneficio de un gasto frente al beneficio que lograría en otro uso. (Imaginemos un terremoto y no poder transferir las partidas de turismo, por ejemplo, a la ayuda a los damnificados). La agilidad del gasto, por otra parte, es un arma de doble filo; puede servir para ser eficientes, pero también para la corrupción”, planteó en su cuenta de la red X.
Agregó como, ejemplo que recordaba al comienzo de la gestión a Guillermo Francos, entonces ministro del Interior “lamentarse porque los fondos del fondo fiduciario que necesitaba para combatir unos incendios en Chubut habían sido dilapidados por la administración de Fernández-Massa para sostener a Télam. Otros fondos que supuestamente estaban asignados a la inversión en infraestructura habían desaparecido financiando créditos blandos para tratar de estimular la campaña electoral de Sergio Massa”.
“Los fondos fiduciarios que se cierran con el decreto 888/24 o no se habían puesto en marcha o habían mostrado graves irregularidades en su funcionamiento”, enfatizó Sturzenegger. Además, garantizó que los objetivos que motivaron la creación de estos fondos se seguirán impulsando en la medida que el Congreso así lo determine en el presupuesto nacional, que es la única fuente de validación de gastos en una sana administración pública.
Cuáles son los fondos fiduciarios que Javier Milei y Luis Caputo disolvieron en 2024
Con el cierre del Fondo Fiduciario Progresar, de Emergencia y para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, el Gobierno eliminó ocho fideicomisos públicos desde diciembre de 2023.
A mediados de febrero, el vocero presidencial, Manuel Adorni, adelantó que el Gobierno iba a eliminar los fondos fiduciarios por carecer “de transparencia y son parte de lo que denominamos cajas de la política”.
En marzo, el ministro de Economía, Luis Caputo tomó el control sobre los fondos fiduciarios. Con el decreto 215, el Palacio de Hacienda fue designado como representante del Estado sobre esos llamados fideicomisos públicos.
Luego, el 3 de abril, Economía eliminó el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino, que había sido creado con el fin de estabilizar el precio de la tonelada de trigo comprada por los molinos argentinos y de esa manera regular el precio de venta del pan en el mercado interno. Según cálculos oficiales, movía otros $3200 millones.
Más adelante, el 20 de mayo, quitó el Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria (FONDAGRO), que entró en vigencia en 2017, durante la presidencia de Mauricio Macri. Esta herramienta buscaba gestionar créditos y aportes para incentivar la actividad del sector y por año representaba unos $2800 millones.
Además, en junio, se disolvió el fondo de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable (FODIS), régimen que concedía bonificaciones que alentaran a empresas y particulares a comprar máquinas generadoras de energía eléctrica de origen renovable. “No consiguió un aumento estimable en la generación de energía eléctrica con fuente renovables desde los hogares urbanos, tal como fuera su finalidad original”, indicaron desde Economía.
En agosto, eliminó el Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO) y el Fondo Fiduciario para la Cobertura Universal de Salud (FFCUS). En 2023, el fondo fiduciario CUS había mostrado un superávit de $49,2 millones, que resultan de $60,2 millones de ingresos y $11 millones de gastos, según datos de la Oficina Nacional de Presupuesto.
