La decisión del juez federal Marcelo Bailaque de designar abogado defensor dejó fuera de carrera a su acusadora en el proceso disciplinario que se le sigue en el Consejo de la Magistratura. El magistrado que está señalado por ofrecer impunidad a un narco de Rosario nombró como abogado en el trámite a un penalista que es padre de dos estrechos colaboradores de la diputada nacional Roxana Reyes, la consejera que llevó hasta este miércoles la acusación. Como consecuencia de este movimiento, la legisladora pidió la excusación en su rol que el organismo que investiga del desempeño de los jueces le aceptó.
La diputada Reyes es de Río Gallegos en la provincia de Santa Cruz y pertenece a la UCR. El juez Bailaque nominó como su defensor ante el Consejo de la Magistratura al abogado Marcelo Quintero. Este penalista milita en el radicalismo en la misma provincia, del cual es presidente de la Junta Electoral. Quintero es padre del secretario privado de Reyes en la Cámara de Diputados, Juan Manuel Reyes, que acaba de recibirse de abogado y trabaja con Reyes hace cuatro años. A la vez Carolina Romero, madre de una hija del abogado, es colaboradora de Reyes en el Consejo de la Magistratura.
La legisladora interpretó la designación de Quintero, originario de Caleta Olivia, como una maniobra de Bailaque para complicar el proceso acusatorio a su cargo y por eso pidió su excusación. Tras sesionar el Consejo de la Magistratura avaló su planteo. En su rol quedará Miguel Piedecasas, precisamente quien preside la Comisión de Acusación del organismo.
«No tengo ninguna duda de que la relación del abogado designado con dos de mis colaboradores no afectaría la imparcialidad que mantuve en el trámite. Pero no se me escapa que puede dar lugar a planteos que tengan como objetivo correrme de la causa. Para evitar cualquier suspicacia o desorden que entorpezca el proceso pedí la excusación, que fue concedida por unanimidad», sostuvo la diputada Reyes a LPO.
En el entorno de la legisladora piensan que es pensable que la designación haya sido motivada para dilatar o entorpecer el proceso contra el juez federal. Este medio le preguntó a Reyes si el defensor designado, a quien conoce por los roles de ambos en el radicalismo santacruceño, no pudo no imaginar de manera automática que aceptar representar al juez iba a tener consecuencias sobre su rol de acusadora, dado que su ex mujer e hijo trabajan con ella. «No lo se pero él puede aceptar el trabajo que le propongan. Lo que sí esto tuvo esta consecuencia», dijo Reyes.
Bailaque inició su carrera en la Justicia Federal en la provincia de Santa Cruz. Es rosarino, se graduó como abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y es juez federal de primera instancia actualmente en Rosario. El Consejo de la Magistratura abrió un proceso disciplinario en su contra por una denuncia de los fiscales provinciales que en Rosario juzgaron a por homicidio y asociación ilícita a Esteban Alvarado. Por este trámite puede ser absuelto, sancionado o hasta destituido.
Cuando Alvarado fue condenado a prisión perpetua, los tres jueces del tribunal aceptaron un pedido de los fiscales para que se investigara a Bailaque por haber negado medidas cruciales contra Alvarado que según ellos favorecieron su impunidad.
Alvarado cobró fama nacional en 2023 al planificar una fuga en helicóptero, finalmente frustrada, desde la cárcel de Ezeiza. Los fiscales que lo juzgaron objetaron a Bailaque por haber negado, nueve años antes, medidas cruciales pedidas contra Alvarado, obstrucción que lo favoreció.
Lencina se refirió a 14 informes que presentó en 2013 contra Alvarado en la Justicia Federal, que exponía la actividad de narcotráfico del sospechado, e incluso la complicidad que había armado con policías santafesinos. Estos, a partir de esos documentos cajoneados, fueron condenados nueve años después.
