El multicondenado Jorge Eduardo Acosta (¿se preguntará por qué no lo invitaron a la reunión con los excursionistas de La Libertad Avanza que fueron a Ezeiza?) gatillaba como afirmación, no como interrogante, “esto no tiene límites”. “Esto” era lo que el Grupo de Tareas 3.3 perpetraba minuto a minuto en la ESMA. Lo que la dictadura militar genocida perpetró minuto a minuto en nuestro país.
Al hilvanar acontecimientos, hechos, declaraciones de funcionarios estatales, figuras políticas, empresas de comunicación y activistas del pulgar sobre pantallas, referidos a los crímenes dictatoriales –y no solo-, volvió aquel lema del jefe de Inteligencia de la ESMA. Volvió como ¿interrogante o afirmación? ahora que los gobernantes, con cada decreto, cada ley aprobada a fuerza de extorsión, claudicaciones y traiciones de supuestos opositores, en cada arenga, reiteran que están dedicados a acabar con parte de la población vía despidos, persecución y hambre, a demoler el Estado, los derechos individuales y colectivos, la soberanía, a sacrificar lo humano en el altar del “mercado” y el “déficit cero”…
El batallar a favor de la impunidad de los genocidas no lo inauguraron los seis diputados de LLA con su visita a Ezeiza. Son años de prédica de los editoriales de La Nación; de los Reato y afines recitando la doctrina de los excesos, y/o la de los dos demonios en programas de TV; de los defensores de los dictadores para impugnar los juicios, hostigando a testigos y sobrevivientes en las audiencias y desde el anonimato de “las redes”. Julio López desaparecido en septiembre de 2006 es la prueba más extrema… Insuficiente enumeración de un trayecto con tácticas diversas, caras visibles que se renuevan, y un propósito compartido: que la impunidad de los dictadores –militares y sus socios civiles- sirva como antecedente y sostén para las represiones de hoy que el “protocolo Bullrich” habilita.
En la “reorganización nacional” encarada por la banda que encabeza Milei –mascarón de proa de sectores de la clase dominante local y de las transnacionales de las finanzas, la minería, el agronegocio-, demoler lo construido por el movimiento popular y consolidado con políticas estatales en “Memoria-Verdad-Justicia” no apunta exclusivamente a “ajustar cuentas” con el pasado. Es ajustar los mecanismos para gobernar hoy y mañana. El batallar de años de Victoria Villarruel; la versión oficial de la dictadura que el antiguo y actual conductor de la SIDE Juan Bautista Yofre publicitó el 24 de marzo; la insistencia en que las FF.AA intervengan en operaciones de seguridad interior. Imputar de “terrorista” a quien cuestione a alguno de la “casta” gobernante y sus políticas; homenajear a los condenados y habilitarles desfiles. Fuerzas de seguridad reprimiendo brutalmente todo intento de manifestación popular. Jueces y fiscales prestos para perseguir y encarcelar a quienes se movilizan, contracara de la generosidad con que reparten prisiones domiciliarias y permisos a los genocidas para que vayan “de compras al supermercado”. Reivindicación de los indultos menemistas en la pluma del procurador del Tesoro Barra… Todas –no las únicas- estaciones de un trayecto cuya meta es –hay que insistir-, asegurar la impunidad para los represores de ayer, los de hoy, los de mañana.
En el folleto con que promocionó la excursión a Ezeiza el diputado Benedit no apeló a metáforas. Visitaron a “ex combatientes que libraron batallas contra la subversión marxista”, dice. Ni dos demonios ni excesos: reivindicación total de los crímenes dictatoriales; bibliografía adecuada para, en el siglo XXI, respaldar la doctrina Chocobar -que incita y justifica el disparo a matar por la espalda si quien lo hace porta uniforme-, y exaltar el protocolo Bullrich -según el cual la intención de manifestarse es un delito a reprimir con gases y balas-. Que lo hicieron “por orden de un gobierno constitucional”, dice. Pero… ¿acaso el golpe del 24 de marzo del 76 no fue contra el gobierno al que dicen que obedecían? Que los cargos “fueron inventados”, y no probados, que los procesos están en manos de jueces “terroristas”, dice. Pero no solo los testimonios de familiares y sobrevivientes, sino condecoraciones y legajos de los condenados certifican su presencia en los campos de concentración, su participación en secuestros, desapariciones, torturas y saqueos ¿Es un invento que se apropiaron de criaturas nacidas en los centros clandestinos y desaparecieron a sus madres y a sus padres? Si lo sabrá Adolfo Donda, partícipe de la apropiación de su sobrina Victoria, entregada a su compañero de Grupo de Tareas, Juan Antonio Azic… Los presos “tenían al momento que se les inventan los cargos: entre 19 y 23 años”, dice. Más allá de que a los 19 años la persona es responsable de sus propios actos, vale consignar que todos los que compartieron el pic-nic humanitario con los diputados en 1976 tenían más de 23 años. Astiz y Arraez tenían 25; Miguel Angel Britos 27; Mones Ruiz, 28; Pernías, Donda y Guglielminetti 30; Cordero 36; Oyarzabal Navarro 40 años… ¡Y este “argumento” lo esgrime un diputado del partido que acaba de presentar un proyecto de ley para fijar la edad de punibilidad a los ¡13 años!
“Esto no tiene límites” decía Acosta picana en mano en los sótanos de la ESMA, seguro de que no había límites para los crímenes ni los habría para la impunidad que pretendieron eterna. La lucha de nuestro pueblo refutó esa certeza. Fue, es, límite “Memoria, Verdad y Justicia”, parte constitutiva de la identidad colectiva. Pero toda construcción social atraviesa es atravesada por las viejas y nuevas realidades, y aun lo que aparece y parece consolidado y firme puede ser puesto en cuestión e incluso arrebatado. En ese empeño está el Gobierno de la Crueldad. Como a lo largo de la historia, tarde o temprano será la lucha popular en defensa de la vida, la dignidad, la justicia, por el ejercicio y vigencia de todos los derechos para todos, la que pondrá los límites a “esto”.
Fuente: Página/12
