Los factores que anticipan un incremento de la conflictividad laboral este año y que inquietan a los empresarios

Los registros históricos demuestran que la conflictividad aumenta durante los años de prosperidad económica. Cuando la economía crece, aumenta la puja distributiva porque todos los actores que forman parte de ese proceso de creación de valor buscan obtener una mayor rentabilidad. Así lo refleja, por ejemplo, el Índice de Conflictividad Laboral (ICL) que realiza trimestralmente el Centro de Evaluación de Políticas basadas en Evidencia (CEPE) de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, cuyo último dato se remonta a noviembre del 2023, y coinciden con este diagnóstico otros estudiosos laboralistas.

Bajo estos parámetros, este año debería ser bajo el nivel de conflictividad, ya que la Argentina atraviesa un proceso recesivo con alta inflación y una caída sostenida de los ingresos reales. “La aceleración de los precios y la indexación/congelamiento de los salarios funciona como disciplinador de la conflictividad en el sector privado”, aseguró Juan Ottaviano, abogado laboralista e investigador de la organización Fundar, en diálogo con Infobae. Sin embargo, tanto analistas como empresarios, y hasta el propio Gobierno, esperan un 2024 con un alto nivel de conflicto, que irá in crescendo –según estiman– con el correr de los meses. ¿Los motivos? Hay otros factores, de carácter más políticos, que se mezclan con la crisis y generan un ambiente propicio para el endurecimiento de los reclamos y las medidas de fuerza.

Consultado al respecto, el decano de la Escuela de Gobierno de la UTDT y responsable del índice, Darío Judzik, manifestó que se observa un aumento de la conflictividad que seguramente será reflejado en el próximo índice, que aporta una cuantificación real de lo que sube el conflicto en los meses medidos.

La evolución del Indice de Conflictividad Laboral que realiza el CEPE de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella

“Observamos dos cuestiones relevantes. Por un lado, la conflictividad aumenta cuando crece la actividad económica. Por otro lado, uno observa períodos en los cuales hay situaciones que son contraintuitivas, como fue la paz absoluta durante la pandemia o los últimos años del gobierno anterior, donde la situación no era maravillosa, la economía no estaba bien y la conflictividad estaba acotada”, explicó el experto. Y en relación con lo que puede pasar este año, señaló que si bien la conflictividad tiende a aumentar cuando sube la actividad económica, “cuando hay crisis sumada a pocos canales de conversación, el conflicto se explica por eso”.

A juicio de Judzik, el Gobierno se encuentra ante un desafío muy complejo de reducir los altos niveles de inflación y “abrir paritarias libres para todos no es una posición que acompaña las medidas de estabilización”. “Por otro lado, los trabajadores están con caída de ingresos; y las empresas están con cada vez menos margen. Eso tensiona un conflicto que hay que ver cómo se resuelve”, enfatizó el analista, al tiempo que señaló que “pareciera que la conflictividad hoy está exacerbada por el intento del gobierno de avanzar con la reforma laboral”.

De hecho, el capítulo laboral del DNU está frenado por la Justicia y el Gobierno buscará ahora insistir con las medidas a través de un proyecto de ley. La diputada de Juntos por el Cambio y empresaria rosarina (fundadora del Movimiento Empresarial Anti Bloqueo), Verónica Razzini, sería la que presente la iniciativa a comienzos de marzo para buscar apoyo en otras fuerzas dialoguistas y que pueda ser tratado en las sesiones ordinarias, según trascendió.

La presentación del DNU a los pocos días de asumir generó un fuerte rechazo por parte del sindicalismo, que inmediatamente interpuso amparos en la Justicia y logró su objetivo de suspender el capítulo laboral. Además, el 24 de enero la CGT le hizo el primer paro general al gobierno de Javier Milei, a un mes de asumido, en rechazo a todas las medidas de desregulación económica propuestas en el decreto. Y podría convocar a otro en breve, en repudio al intento por insistir con esa idea vía proyecto de ley y otras medidas como la resolución del salario mínimo por decreto, los fuertes aumentos de transporte y tarifas y la falta de convocatoria de paritarias en distintos sectores.

Al mismo tiempo, distintos rubros analizan medidas de fuerza en reclamo por mejores salarios, como es el caso de los ferroviarios, que rechazaron la oferta oficial y seguirán con el paro. “Nos parece que el camino no es el del paro. Sobre todo con un Gobierno que recién arranca. Y mucho menos cuando los paros afectan servicios esenciales que perjudican a gran parte de la población que la está peleando”, opinó el director ejecutivo de IDEA, Daniel González.

La estación Plaza Constitución lució casi desierta ayer por la mañana por el paro de trenes que se extendió hasta la medianoche

“Veo una conflictividad creciente no sólo por las condiciones estructurales de la coyuntura económica, sino porque el resultado probable de la ilegalización de la huelga, la extensión de la condición de esencialidad a varias actividades económicas, la inutilización de instituciones de negociación colectiva como el consejo del salario mínimo o la paritaria nacional docente. Eso desordena la conflictividad y me parece que el intento del gobierno de disciplinar la puja distributiva a través de estas medidas puede provocar el efecto contrario al buscado”, consideró Ottaviano.

En este contexto, Fundar publicó días atrás un informe sobre cómo se han producido reformas laborales inclusivas en países como España, México, Colombia, Chile y Estados Unidos a través del consenso y la participación de todos los actores involucrados. “La idea de reforma laboral se asocia casi de manera excluyente con la de flexibilización. No obstante, en varios países —algunos incluso de tradición sindical débil— las modificaciones del mercado laboral han mutado hacia el fortalecimiento de la regulación y de los sindicatos. En los últimos años, Chile, México, Estados Unidos, España y Colombia llevaron a cabo reformas que buscaron aumentar el salario mínimo y las instancias de negociación colectiva, reducir la cantidad de horas trabajadas, evitar las subcontrataciones e incorporar nuevos colectivos como los trabajadores de plataformas”, plantea el documento, en su carta de presentación.

Al respecto, Ottaviano señaló a este medio que “no fueron reformas impuestas sino que fueron el resultado de un diálogo social tripartido, elemento fundamental no sólo para la legitimidad de las reformas, sino para la efectividad de su implementación”. “Las reformas laborales que se imponen pueden tener problemas de viabilidad política e incrementar la conflictividad”, remarcó el analista de Fundar.

En el actual contexto económico y político, el aumento de la conflictividad se hace cada vez más visible, y ello preocupa al sector privado, que está sufriendo una fuerte caída en las ventas y recibe el reclamo de los gremios para recomponer salarios frente a los altísimos niveles de inflación. A su vez, observan con inquietud lo que sucede con los cambios laborales propuestos por el Gobierno, que el establishment reclama desde hace años pero que tienen una enorme resistencia sindical.

Desde la Cámara Argentina de Comercio (CAC), su presidente, Mario Grinman, enfatizó que esperan un aumento de la conflictividad, pero “más que impulsado por cuestiones partidarias que por las necesidades”. “Eso genera una enorme incertidumbre. Y en el mundo de los negocios, la incertidumbre es peor que lo malo. La conflictividad no ayuda; espero que desde el Congreso ayuden más a este gobierno”, señaló Grinman.

En el sector de la construcción no se avizora todavía conflicto, a pesar de la situación crítica que atraviesa debido a la parálisis de la obra pública. “Hubo muchos despidos y suspensiones. Deberían andar en unos 100.000, y probablemente esto se profundice. Por ahora, no hay mayor conflictividad, pero no sé por cuánto tiempo. Es posible que la Uocra reaccione en algún momento”, afirmó el titular de la Cámara de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss.