El Gobierno hizo una presentación ante la Corte Suprema con el objetivo de tratar de revertir el fallo que declaró inconstitucional y suspendió la aplicación de la reforma laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Javier Milei. La presentación del recurso la hizo la Procuración del Tesoro de la Nación, encabezada por Rodolfo Barra, a cargo del equipo de abogados que representa al Estado nacional.
La Procuración le hizo fuertes críticas a la CGT y la Justicia laboral en su presentación: “No surge de la sentencia recurrida, ni de las constancias de la causa, argumento alguno sustentado en prueba, que indique de qué manera la vigencia del DNU restringe o menoscaba los derechos en materia de libertad sindical que ostenta la actora, tampoco se explica de qué manera la vigencia del DNU afecta los derechos de los trabajadores que la actora dice representar”.
En el escrito los abogados del Estado destacaron: “Corresponde señalar que el Tribunal a quo toma un elevado e injustificado piso de ponderación respecto a la necesidad y urgencia que habilita al PEN a emitir un DNU. Tenga presente que la norma emitida y el proyecto de ley enviado pretenden modificar el marco regulatorio actual y el rol que debe tener el Estado”.
La presentación de la Procuración del Tesoro de la Nación agregó: “A modo de ejemplo, por un lado, se cuestiona al Estado y a las autoridades políticas por los altos índices de desempleo y trabajo informal y, por otro lado, cuando se toman medidas a fin de resolver estos problemas sociales, las mismas son suspendidas y anuladas por el Poder Judicial por requerimiento de un grupo político y de poder, como es la CGT -disfrazándose de un sector vulnerable, en el marco de procesos judiciales que no responden a un caso o causa”, consignó la agencia Télam.
El fallo de la Cámara del Trabajo que determinó que la reforma laboral del mega DNU es inconstitucional
A fines de enero la Cámara del Trabajo falló a favor de la presentación de la CGT y determinó que la reforma laboral del DNU de Milei es inconstitucional, en una resolución de la Sala de Feria de la Cámara del Trabajo firmada por los jueces Manuel Diez Selva, Héctor Guisado y Mario Fera que alcanza a todos los artículos de la resolución relacionados con las propuestas de cambios.
Los camaristas consideraron que “las circunstancias suscitadas con posterioridad a la publicación del decreto indican que, a su respecto, el proceso de intervención de los poderes políticos no habría avanzado con la premura que requería, de acuerdo con la situación que parecía indicar el contexto social, político y económico existente a la asunción del actual gobierno”.
