«Sabemos que el oficialismo tomó la decisión de suspender la obra pública, pero es fundamental conocer en detalle lo que esta decisión implica porque afecta directamente a millones de personas. Las empresas constructoras no reciben pagos desde noviembre, se han despedido a más de 70.000 obreros de la construcción y si esto continua empezarán los despidos del personal permanente de las empresas», indicó Cobos a través de un comunicado.
El proyecto cuenta con la firma de los también diputados del bloque Rodrigo De Loredo, Lisandro Nieri, Pamela Verasay, Roberto Sánchez, Mario Barletta, Gerardo Cipolino, Natalia Sarapura, Marcela Antola, Manuel Aguirre y Marcela Coli.
En este sentido, Cobos agregó que «originalmente se aclaró que las obras con financiamiento internacional como las que cuentan con crédito del BID, del Banco Mundial o la CAF, seguirían su marcha normal» pero admitió que «diversos medios informan que todas están paradas, sean con financiación del tesoro o de un organismo de crédito«.
«Esto es particularmente importante ya que esos créditos de no ser utilizados pagan sobrecargos o multas, es decir es más oneroso no usarlos que sí hacerlo. También se indicó que se respetarían los contratos en ejecución».
Cobos explicó que para su bloque «la obra pública no es un gasto, sino una inversión necesaria para mejorar la calidad de vida de millones de habitantes del país».
«Hoy en Argentina, casi el 40% de la población aún no tiene cloacas y hay un déficit habitacional de más de tres millones de viviendas, está claro que si baja la inflación a tasas internacionales podrá reaparecer el crédito hipotecario, sin embargo, con los salarios medios actuales es imposible acceder a una vivienda», aseguró.
Por ese motivo, el diputado consideró «necesario» continuar con los planes de vivienda social existente «con el control y la transparencia necesaria».
El ex vicepresidente indicó que «las grandes obras públicas tienen un impacto directo en el desarrollo productivo y comercial del país» y consideró que «será muy difícil incrementar las exportaciones si no tenemos rutas adecuadas y modernas, infraestructura ferroviaria y portuaria actualizadas para hacerlo».
Por otra parte, Cobos admitió que seguramente en «algunos casos» se podrá implementar la inversión privada, pero señaló que aún en el modelo chileno «sólo el 7% de las obras públicas se hace por iniciativa privada”.
Ajuste si, pero unido a proceso de construcción y desarrollo
De esta manera, el legislador se refirió a la propuesta del presidente Milei durante su campaña y su discurso de asunción el 10 de diciembre del 2023, dónde aseguró que la obra pública iría hacia un modelo de «iniciativa privada a la chilena».
“Es entendible y loable buscar el déficit cero, pero no ejecutar obras ya contratadas con financiamiento internacional, no sólo no baja el déficit, sino que lo sube ya que se deben pagar cargos adicionales por no cumplir los términos de los créditos acordados y fundamentalmente, tienen un impacto social negativo muy grande que no puede ser desatendido por el Estado», dijo.
Finalmente, Cobos llamó a «pensar en el futuro de la nación» y afirmó que el modelo de país «no puede estar reducido a un proceso de achicamiento o desguace».
«Debe estar apalancado en un proceso de construcción y desarrollo», concluyó.
Entre la información solicitada al Poder Ejecutivo se destacan un pedido de informe del organigrama administrativo del Ministerio de Infraestructura y Secretarías que lo integran; así como de Vialidad Nacional y del Ente Nacional de Obras Públicas y Saneamiento (ENOHSA).
Además, los legisladores solicitaron el detalle de las obras públicas nacionales «con financiación de fondos multilaterales internacionales que están en ejecución» así como «su estado de avance porcentual certificado en los meses de diciembre del año 2023 y enero del año 2024».
Por otro lado, el bloque UCR solicitó detalles de las obras públicas nacionales financiadas por el Tesoro Nacional que «están en ejecución y su grado de avance porcentual certificado en los meses de diciembre del año 2023 y enero del año 2024».
«Su grado de avance porcentual indicando el ente u organismo o empresa pública que las ha licitado, considerando sólo las obras cuyo monto básico de licitación fuese igual o mayor a 1000 millones de pesos».
