El Frente de Sindicatos Estatales y de Gremios de Empresas del Estado de la Argentina que motoriza la Asociación Trabajadores del Estado, consensuó la convocatoria a una Jornada Nacional de Lucha para la última semana de febrero, en un plenario de más de cuatro horas en el anfiteatro Eva Perón de ATE, colmado de delegados de organizaciones sindicales.
La potencia de la medida se prevé histórica. Cada provincia y distrito definirán la modalidad de protesta. Son más de 20 las organizaciones que integran del Frente que nació en enero y tuvo su bautismo de fuego la jornada del 15 de ese mes. El temario que involucró a las intervenciones giró alrededor de la estabilidad laboral en el Estado y en las empresas públicas, la recuperación del poder adquisitivo y el ajuste en las provincias que proyecta el presidente Milei, entre otros puntos.
“Frente a un presidente que dice que el Estado es una asociación criminal, y trabajadores y jubilados que ya sienten el ajuste, el peor error que podríamos cometer los estatales es abandonar la calle”, dijo Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE. “Somos respetuosos de quienes opinan que hay que medir los tiempos y evaluar cuándo los afiliados van a sentir más o menos el ajuste, pero no lo compartimos. Tampoco creemos que nos corresponda a nosotros evaluar si el Gobierno tiene más o menos apoyo popular. Tenemos que profundizar nuestro plan de acción”, agregó.
“El Gobierno intenta licuar nuestro salario y esta nueva medida de fuerza nacional tiene que servir para exigir un inmediato aumento que supere la evolución de los precios y la reincorporación de todos los trabajadores despedidos y también para rechazar cualquier intento de privatización de las empresas estatales”, manifestó Aguiar.
“Con su idea de desfinanciar a las provincias, el Gobierno está destruyendo las condiciones de vida de millones de trabajadoras y trabajadores, jubiladas y jubilados en el interior del país. También nos tenemos que manifestar contra este ajuste que llega a todos los rincones de la Argentina”, señaló el dirigente de ATE.
Fue común entre los sindicatos la visión de que el proyecto de ley ómnibus fue herido de muerte en el paro general del 24 de enero y que la destrucción del DNU amerita otro gran paro nacional.
Además de ATE, participan Federación Judicial Argentina (FJA); la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la RA (FESPROSA); la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios – Histórica (CONADU-H); la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA); la Federación de Trabajadores de la Energía de la RA (FETERA); la Federación de Profesionales del GCBA; el Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (SUTAP); el Sindicato Unido de Trabajadores y Empleados del PAMI (SUTEPA); la Asociación Personal Jerárquico de Bancos Oficiales (APJBO); la Unión Personal Jerárquico del Banco de la Provincia de Buenos Aires (UPJ); el Sindicato de Trabajadores de Entidades Bancarias y Financieras (SITEBA); la Asociación de Psicólogos del GCABA (APGCABA); la Asociación Civil de Profesionales de Antropología, Comunicación, Sociología y Afines (APACSA); la Asociación de Profesionales de Servicio Social del GCABA (APSS); la Asociación de Bioquímicos de la CABA (ABC); la Asociación Judicial Bonaerense (AJB); el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro (SITRAJUR); y la Asociación de Empleados y Funcionarios del PJN (AEyFPJN); y la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA).
