Las concesiones de las represas hidroeléctricas otorgadas en 1993 durante el proceso privatizador del gobierno de Carlos Menem vencieron el año pasado. Con esto se abrió una discusión entre Nación y provincias por la propiedad del recurso, cuestión que no resolvió la gestión anterior.
Al asumir el gobierno de Javier Milei extendió provisoriamente las concesiones por 60 días al detectar un negocio energético con capacidad para atraer actores de peso internacional. Esta situación es la que ahora Nación capitaliza en su enfrentamiento con los mandatarios provinciales.
Se trata de Neuquén y Río Negro donde se encuentran emplazadas las seis centrales hidroeléctricas en cuestión, cuyo recursos hídricos aportan el Río Limay y el Río Neuquén. Gracias a eso es que las provincias aportan al sistema interconectado nacional un 4.431 MW de potencia instalada.
Las centrales son Planicie Banderita, El Chocón y Arroyito, administrada por la italiana Enel; las presas Portezuelo Grande, Loma de la Lata y El Chañar en manos de Orazul Energy, la planta hidroeléctrica Alicurá que controla AES y el complejo hidroeléctrico Piedra del Águila de la Sociedad Energía Sadesa Central Puerto y Pichi Picún Leufú a cargo de Pampa Energía .
Lo cierto es que estas represas fueron construidas íntegramente por el Estado Nacional y concesionadas en 1993 un año antes de la reforma constitucional que reconoce la propiedad de los recursos del subsuelo a las provincias. Según establece lo pactado hace 30 años, ante el vencimiento de las concesiones las centrales deben ser revertidas sin cargo al concedente, es decir, al Estado Nacional.
Esto no quita que las provincias exijan que pasen a ser administradas por lo gobiernos locales donde se encuentran emplazadas estas usinas, amparados en la reforma de la Constitución Nacional que en 1994 les concedió la propiedad de los recursos de sus suelos.
«Los gobernadores de Neuquen y Rio Negro se la ven venir. En la seguidilla de ataques por parte del gobierno nacional, sigue dejar a las provincias afuera del negocio de las centrales hidroeléctricas» afirmó una fuente de una de las empresas muy interesada en continuar en el negocio.
En este sentido circulan versiones que indican que Pampa Energía de Marcelo Mindlin ya avanzó en conversaciones con el gobierno nacional para sumar la operación de las centrales que el Estado «ponga en oferta». Desde la empresa negaron las versiones ante LPO y dijeron que no están teniendo ninguna conversación.
En rigor tanto Alberto Weretilneck gobernador de Río Negro, como Rolando Figueroa gobernador de Neuquén, intimaron al Estado nacional por las concesiones de las centrales hidroeléctricas en un comunicado conjunto.
En la notificación ambos mandatarios advierten que cualquier acción unilateral por parte del Gobierno Nacional será considerada inválida y carecerá de derechos frente a la provincia. Además, se subraya la posibilidad de iniciar acciones legales contra los eventuales concesionarios o explotadores de los recursos, en caso de no respetarse las disposiciones provinciales.
