Sin ley ómnibus, la idea del presidente de Javier Milei es cargar en las cuentas de las provincias un recorte del gasto público equivalente al 1.5% del PBI. Para conseguir su objetivo congeló las partidas presupuestarias asignadas para que se licúen por la inflación y frenó la transferencias de fondos compensatorios como el de incentivo docente o transporte.
«Hemos avisado que si no nos daban las herramientas, íbamos a recrudecer los ajustes y que esos ajustes iban a caer sobre las provincias. Nosotros les hemos bajado las transferencias un 98%. La gente quería que hiciéramos el ajuste y que el ajuste lo haga la política. Que ahora los gobernadores hagan el ajuste. Yo tengo que afrontar un ajuste de 15 puntos del PBI y ellos, todos juntos, no pueden afrontar un ajuste de 1,5 puntos. Que dejen de gastar de manera espuria, que dejen de contratar tanta pauta oficial para que los medios y los periodistas corruptos hablen bien de ellos, que dejen de gastar en recitales para contratar periodistas que después hablen bien de ellos», afirmó Milei este sábado desde Italia.
No obstante, sin soslayar la magnitud del ajuste real que esta recayendo sobre la población de las provincias, un informe de la consultora LCG advierte que de cada 10 pesos susceptibles de achicar el gasto solo 2 aportarían las provincias
«Estos números ponen en evidencia que el recorte a los giros provinciales potencialmente tendrá sólo un impacto limitado, dado que aún reduciéndolos por completo se podrá conseguir un 20% de los 5 puntos de ajuste para equilibrar el resultado financiero», estimó la consultora LCG.
Desde esta consultora marcan el desacople del leve impacto en términos de déficit en relación al fortísimo apretón financiero. En primer lugar cabe marcar que en 2024 rige el mismo presupuesto del 2023 prorrogado por decreto y hasta ahora el gobierno decidió mantener las mismas partidas presupuestarias del año pasado, con un gasto de $37 billones muy golpeados por el efecto inflacionario.
El estudio de LCG destaca que «la no aprobación del Presupuesto para 2024 implica que se mantienen los créditos nominales que rigieron en 2023 y abre la posibilidad al Jefe de Gabinete a reajustar partidas con cierta independencia».
«En un contexto de elevada inflación, esto podría habilitar la decisión del Gobierno de licuar los montos transferidos, reduciendo significativamente el peso de los giros presupuestarios a las provincias sin mayores restricciones legales», explica el informe.
Pero ademas, otro punto a considerar es que este año las provincias verán reducida su participación en el total de la recaudación nacional porque el aumento de los recursos tributarios será traccionado por los impuestos no coparticipados: derechos de exportación a partir del fin de la sequía y del sinceramiento del tipo de cambio aplicable, por ahora un esquema 80% oficial / 20% contado con liquidación, e Impuesto PAIS por la ampliación de la base imponible y la suba de alícuotas dispuestas en diciembre último», planteó esa consultora.
«En paralelo, el principal impuesto coparticipado, que es Ganancias, se verá afectado por la reforma del año pasado que elevó a 15 salarios mínimo vitales y móviles, el mínimo no imponible para las ganancias de la cuarta categoría de los empleados en relación de dependencia. En total esperamos que las provincias se queden con apenas 28% del total recaudado, un nivel semejante al de 15 años atrás», concluyó LCG.
