La medida se formalizó a través de la resolución de la Secretaría de Energía 7/2024, publicada en el Boletín Oficial, con el propósito de «corregir progresivamente los desfases generados por 20 años de subsidios», qué sólo en el sector representaron un déficit al Estado que estimó en US$ 104.764,8 millones.
El mantenimiento de los subsidios para los niveles 2 y 3 (en este último caso para los consumos que no excedan los 400 kilovatios hora –kwh- mensuales) se resolvió «para evitar impactos bruscos en los costos del servicio» y continuará «hasta tanto se ponga en vigencia el nuevo sistema de subsidios que considerará la capacidad de pago de cada consumidor», una vez que se oficialice la Canasta Básica Energética.
Por el momento sigue como válida la segmentación determinada en junio de 2022, en base a una serie de consumos y bienes patrimoniales y la referencia de un valor equivalente a 3,5 veces la Canasta Básica Total (CBT) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
La Secretaría de Energía dispuso que para el período comprendido entre el 1° de febrero y el 30 de abril se van a establecer nuevos Precios de Referencia de la Potencia (Potref), Precio Estabilizado de la Energía Eléctrica (PEE) y Precio Estabilizado del Transporte (PET).
De esta manera el precio Potref y el PEE sin subsidio para el Nivel 1 pasará a ser de $ 46,018 por kwh en hora pico (un aumento del 124,85% respecto de los valores vigentes entre noviembre de 2023 y enero de 2024), de $ 44,401 en hora resto (117,01%) y de $ 43,473 en hora valle (112,54%).
Los valores difieren de los que continuarán rigiendo para los niveles 2 ($ 2,981 por kwh promedio) y 3 ($ 3,756 por kwh promedio), que representan aproximadamente el 10% del costo real y cuyos incrementos quedaron postergados para mayo.
De esos porcentajes no puede inferirse un traslado determinado a la tarifa final, si se tiene en cuenta que aún faltan aprobar los ajustes al Valor Agregado de Distribución (VAD) y de transporte, luego de las audiencias realizadas por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) el 26 y el 29 de enero.
La Secretaría de Energía planteó en los considerandos de la resolución que las administraciones anteriores «no contemplaron los reales costos de abastecimiento del sistema que debía ser abonados por los usuarios del MEM (Mercado Eléctrico Mayorista).
«Esta falta de reconocimiento no ha sido una medida puntual, o acotada en el tiempo para superar crisis o situaciones excepcionales, sino que ha respondido a una política del Estado nacional de no transparentar los costos reales del suministro eléctrico«, indicó.
Esa decisión, añadió, provocó «graves trastornos en el crecimiento y funcionamiento del sistema eléctrico, a la par que dio señales incorrectas para el consumo que dejó de lado un uso responsable o adecuado acorde al costo real de abastecimiento en el MEM».
La remuneración de los valores no reconocidos «debieron ser cubiertas por el Estado nacional», lo que generó déficits acumulados en 20 años que, calculado a un tipo de cambio promedio anual mayorista «representaron la suma de US$ 104.764.808.732, es decir, un promedio de US$ 5.238.240.437 anuales», precisó Energía, en base a informes de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).
