El Gobierno de Javier Milei comienza a trabajar en un proyecto de ley de reforma laboral. El objetivo es tratar salir del problema que le generó haber incluido la iniciativa en un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), lo cual fue un error estratégico, porque era muy fácil que la Justicia lo impugnara, que fue lo que finalmente ocurrió.
Ese DNU (70/2023) tiene 50 impugnaciones y muchas medidas cautelares que suspendieron la aplicación de buena parte del decreto. El capítulo de la reforma laboral incluido en el decreto, además, fue declarado inconstitucional por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y está pendiente de resolución de la Corte Suprema de Justicia. En el Gobierno prevén que sería difícil que la Corte Suprema avale la reforma laboral por DNU.
En la Casa Rosada hacen cuentas y afirman que muy complicado que la Corte, en un plazo inmediato, dicte una resolución sobre el megadecreto. El Gobierno lo sabe, por eso empezó a trabajar en un proyecto de ley para enviar al Congreso en las próximas semanas y de esa manera tratar de que la reforma que impulsa tenga más legitimidad.
El jefe de bloque de La Libertad Avanza en Diputados, Oscar Zago, habló del proyecto de reforma laboral en el que trabaja el Gobierno. “Seguramente vayamos a mandar muchas cosas de reformas, algunas que quedaron. Hay muchas cuestiones que se quedaron en el ‘45 que me parece que tenemos que cambiar. Mucha gente se quedó en las antiguas y esto no puede seguir funcionando así”.
La Cámara del Trabajo resolvió que la reforma laboral del mega DNU es inconstitucional
A fines de enero, la Cámara Nacional del Trabajo falló a favor del amparo presentado por la CGT y determinó que la reforma laboral del DNU es inconstitucional. El fallo firmado por los jueces Manuel Diez Selva, Héctor Guisado y Mario Fera alcanza a los artículos 73, 79, 86, 87, 88 y 97 del DNU, todos los que están relacionados con la reforma laboral impulsada por el Gobierno.
Los magistrados plantearon: “Los propios considerandos de dicho DNU traducen -al menos en lo que respecta a la materia laboral- que no se evidencia objetivamente la ‘necesidad’ de adoptar tan numerosas medidas, y que, aunque ello pudiera -hipotéticamente- justificarse en las referencias genéricas a ‘un hecho demostrado’, lo cierto y jurídicamente relevante es que no se avizora que las que se alegan constituyan razones de ‘urgencia’ para eludir la debida intervención del Poder Legislativo en lo que hace a la legislación de fondo”.
