La llegada de Juan Martín Mena al ministerio de Justicia de la provincia comenzó a allanar el camino para trabajar sobre las más de 700 vacancias que tiene en jaque al Poder Judicial bonaerense.
La crisis es inédita y arrastra cuatro años. Más del 30% de los cargos judiciales -entre jueces, fiscales y defensores oficiales- están vacantes. El impacto es enorme en una provincia que cuenta con la segunda estructura judicial más grande de América Latina, detrás del Estado de San Pablo (Brasil).
El cambio de autoridades en la cartera de Justicia -junto con el recambio legislativo- permite volver a empezar de cero con las negociaciones. El tema es urgente y en el ministerio se ilusionan con comenzar a enviar pliegos apenas arranquen las sesiones en la Legislatura.
En esa crisis judicial, la situación de la Suprema Corte también es grave: desde hace casi dos años y medio el máximo tribunal funciona sólo con tres de los siete jueces que lo conforman.
Las tres vacancias se produjeron durante el gobierno de Axel Kicillof. La primera ocurrió en enero de 2020 con la muerte de Héctor Negri. La segunda en 2021, cuando se jubiló Eduardo De Lazzari. En tanto, la tercera silla también se desocupó en 2021 cuando Eduardo Pettigiani renunció para jubilarse.
A esa situación se suma la presión de otro de los ministros de la Corte. Luis Genoud reclama desde hace meses que se resuelva la situación de las vacancias porque quiere jubilarse. Genoud sólo está en la Suprema Corte para evitar una crisis aún mayor.
Por el momento no circulan nombres. El foco está puesto en establecer la necesidad de un consenso político que permita al Poder Judicial completar las vacancias.
Todos los actores que forman parte del proceso tienen en claro que hay que resolver la crisis. Todos coinciden en que la tasa de nombramientos en los últimos años estuvo muy por debajo de la media.
En la oposición se muestran confiados y creen que el escenario es distinto al del año pasado. «Esto no se resolvió porque el gobierno no tenía interlocutores claros en materia judicial. Ahora tenemos un interlocutor claro para resolverlo», aseguran en el radicalismo.
Aunque la negociación superestructural tiende a centrarse en la discusión por los jueces de la Suprema Corte, la urgencia en el ministerio de Justicia pasa por completar las vacancias en fueros civiles y juzgados de Familia toda vez que eso afecta de manera directa a los bonaerenses. «En todos los juzgados hay subrogantes, pero no es lo mismo. Esos juzgados son la prioridad», dicen desde el gobierno.
Hay otros cargo importantes como cuatro miembros del tribunal de Casación y el subprocurador de la Suprema Corte. Este último cargo está libre desde octubre de 2022 cuando renunció Juan Ángel de Oliveira.
«La provincia necesita resolver esto urgente y las conversaciones van a empezar en breve», dicen fuentes de la oposición. Los pliegos deben ser aprobados por el Senado bonaerense donde se gestó a fines de diciembre una mayoría especial que puede allanar el camino para que Kicillof pueda aprobar varios proyectos que están paralizados.
Esa mayoría especial se compone con los 21 senadores del peronismo, ocho de Cambio Federal y tres de un sector dialoguista de La Libertad Avanza. Sin embargo en el radicalismo entienden que tiene que haber un consenso con todo el arco opositor.
La estrategia es que todo el arco opositor forme parte de la discusión de los paquete de pliegos que se van a ir enviando al Senado para su aprobación.
