Martín Llaryora cerró un acuerdo paritario con el Sindicato de Empleados Públicos con una fórmula que, aseguran sus funcionarios, no pondrán en jaque las cuentas fiscales ante la caída de actividad por la crisis: otorgará un incremento equivalente a la mitad de la inflación y una suma no remunerativa de 40 mil pesos.
Aunque es por tres meses, en la sede del Gobierno provincial se celebró la «previsibilidad» que da el acuerdo a la planificación de las finanzas. En el corazón del llaryorismo entienden que el plazo es coincidente con la fragilidad del Gobierno nacional de Javier Milie.
En detalle, los estatales tendrán un incremento de 10% y un plus de 40 mil pesos con el salario de enero; mientras que en febrero y marzo la recomposición será del 50 por ciento de lo que determine el Índice de Precios del Consumidor (más igual monto no remunerativo).
Los jubilados provinciales tendrán el mismo incremento en blanco, pero el monto en negro será bastante menor: de 15 mil pesos mensuales.
«No hay ningún parámetro, por eso calculamos que con el 50% de la inflación y el no remunerativo, se acercará a la suba de la recaudación, que es el objetivo», dijo uno de los funcionarios provinciales que siguió la negociación entre el secretario General de la Gobernación, David Consalvi, y Sergio Castro, titular del gremio de los estatales.
El objetivo de que el incremento no cruce el límite de la inflación fue una orden directa de Llaryora. Esa línea infranqueable también fue trazada por Maximiliano Pullaro, el gobernador de Santa Fe, y por Rogelio Frigerio, el mandatario de Entre Ríos.
Aunque la paritaria con los docentes (la más grande que se celebra en el ámbito del Gobierno provincial) sigue abierta, el tiempo está a favor de Llaryora: las docentes regresan a las escuelas a mediados de febrero.
En el equipo de Llaryora adelantaron que no habrá un tratamiento diferenciado para las docentes. La masa salarial docente debe crecer en el mismo porcentaje que lo hizo la del resto de los estatales.
