La revisión del Gobierno constató «varios fallos clave antes, durante y después de la intervención policial», reportó un informe de casi 600 páginas.
En el mismo, se apunta que los agentes, una vez que tuvieron conocimiento de que había un «tirador activo», debían haber actuado «inmediatamente» para irrumpir en la clase donde se encontraba y eliminar la amenaza, «algo que no ocurrió».
El informe indica que hubo «una cascada de fallos de mando, de toma de decisiones, de táctica, de política y de entrenamiento» que favoreció a que el joven pudiese evaluar sus opciones o retrasase la atención médica a los heridos
En cambio, optaron por responder a la situación como si se tratase de un «sospechoso atrincherado», pese a que hubo alrededor de una decena de momentos en los que habría estado justificado que hubiesen concluido la intervención con un asalto final contra el atacante, de 18 años.
El propio Biden reconoció en un comunicado remitido por la Casa Blanca que hubo fallas a la hora de establecer unas directrices claras y una organización de las estructuras policiales.
Agregó que las autoridades deberían haber actuado acorde con la etiqueta de «tirador activo».
El mandatario demócrata también resaltó la falta de un plan detallado por parte del distrito para enfrentarse al tiroteo, al que rotuló de «tragedia». «Ninguna comunidad tendría que pasar por lo que pasó la comunidad de Uvalde», sentenció.
Biden dijo que «hubo múltiples errores que permitirán aprender lecciones para un futuro» y que su «equipo trabajará con el Departamento de Justicia y el Departamento de Educación para implementar un cambio de las políticas necesario para ayudar a las comunidades a responder de forma más efectiva en un futuro».
Por último, exhortó al Congreso a que se tomen medidas a fin de regular el control de las armas ante lo que ha definido como una «epidemia de violencia armada».
Qué dice el informe
El informe indica que hubo «una cascada de fallos de mando, de toma de decisiones, de táctica, de política y de entrenamiento» que favoreció a que el joven pudiese evaluar sus opciones o retrasase la atención médica a los heridos.
A la vez, puso en controversia un despliegue que involucró a unos 400 efectivos «y en el que fallaron prácticamente todos los elementos de la cadena de mando».
Además, agrega que parte de las familias recibieron «información incorrecta» que dio lugar a que pensaran que sus parientes estaban vivos cuando en realidad habían fallecido, víctimas de un ataque en el que fueron asesinados 19 alumnos menores y dos profesores.
Otras «fueron notificados de las muertes por personal que no estaba formado para dar este tipo de noticias», según consta en el texto publicado por medios locales y las agencias de noticias Europa Press y AFP.
«Las dolorosas lecciones detalladas en este informe no pretenden exacerbar una situación ya trágica», aclara.
El Gobierno federal inició esta investigación el año pasado a pedido de las autoridades de Uvalde y recabó más de 13.000 elementos de prueba.
Las familias reclamaban también un examen a fondo de lo ocurrido y, de hecho, en el informe se pone de manifiesto que varias de ellas «han indicado que no podían seguir con sus vidas hasta saber lo que le ocurrió a sus hijos».
Los 19 agentes presentes en el lugar esperaban el asalto de una unidad especializada a pesar de que las autoridades recibieron numerosas llamadas de personas que se encontraban en el interior de las aulas, incluida una de un niño que suplicaba: «Por favor, envíen a la policía ahora».
«El tirador fue muerto aproximadamente 77 minutos después de la llegada de los primeros policías», subrayan los autores del trabajo, elaborado a partir de 260 entrevistas y nueve visitas.
Los tiroteos escolares se han convertido en algo habitual en un país donde alrededor de un tercio de los adultos posee un arma de fuego y las regulaciones para la compra incluso de rifles potentes son laxas, especialmente en los estados gobernados por republicanos, para constante lamento del presidente demócrata, Joe Biden.
Las encuestas muestran que una mayoría de votantes está a favor de controles más estrictos sobre el uso y la compra de armas, pero los grupos de presión son muy influyentes y la justicia invoca el derecho constitucional a portarlas.
En junio de 2022 los defensores de la reforma obtuvieron una victoria limitada con la aprobación de una legislación que exige verificaciones más estrictas de los antecedentes de los compradores jóvenes.
