Se trata de Juana Correa Villalba (43), de nacionalidad paraguaya, quien ésta tarde se negó a declarar como «coautora» de los homicidios al ser indagada por el fiscal de la causa, Carlos Arribas.
Voceros de la fuerza y judiciales informaron a Télam que la mujer era buscada a pedido del fiscal Arribas y que fue localizada por la Policía en las calles Ocampo e Yrigoyen, de San Justo.
Correa Villaba fue ubicada en la escena del hecho por testigos, pero para los investigadores de la masacre no fue una de las personas que efectuó disparos, explicó a Télam una fuente de la pesquisa.
En principio, Arribas cree que Correa Villalba es la líder de la organización que se dedicaba al loteo y venta ilegal de las tierras tomadas del barrio 8 de Diciembre de González Catán, donde se produjo el pasado domingo el enfrentamiento entre quienes compraron los lotes y los llamados «delegados» del predio, que finalizó con los cinco asesinatos.
En ese marco, durante la indagatoria de esta tarde, Arribas la acusó de «coautora» del delito de «homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas (cinco hechos)» y la tentativa de homicidio de otras seis, hechos por los cuales ya hay otros tres detenidos.
Fuentes judiciales indicaron que tras negarse a declarar, la mujer seguirá detenida mientras se resuelve su situación procesal.
En tanto, según explicó este jueves el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, en una entrevista con Radio con Vos, el enfrentamiento armado en el contexto de toma de tierras «tiene una historia extensa», por lo que la investigación en su inicio «no fue fácil» debido que se requirió «romper el código de secreto que había dentro de la comunidad, el temor que había a ir preso, y empezar a hablar y explicar qué es lo que estaba pasando».
«El fiscal, con la Policía, subió a patrulleros y estuvimos la noche del domingo al lunes haciendo, no sé, más de 30 allanamientos de urgencia, donde se fue buscando a involucrados, en principio a estos delegados, como los llamaban, que son los que organizaban la toma en el barrio, y que fueron declarando con la figura de testigos y eso nos permitió identificar a los organizadores de toda la toma y a los tiradores», detalló el ministro.
De acuerdo con Alonso, «esta organización criminal que tomó la tierra, quería armar una especie de emprendimiento inmobiliario, como un barrio privado, y empezó a vender lotes de 600 metros cuadrados».
«En principio, los vendían a 100.000 pesos con cuotas de 20.000, eso fue a finales del año pasado, y después hubo gente que no pudo pagar esas cuotas y empezaron a echarla para comenzar a revender los terrenos a dos millones de pesos a nuevos vecinos», agregó.
Según el ministro, el pasado domingo quienes manejaban la toma «instalaron un concepto de querer cobrarles una expensa de unos 20.000 pesos mensuales, se dispuso la implementación de unas normas de convivencia, que iban a estar a cargo de la imputada por la toma, Correa, y un sistema de seguridad aparentemente con estos tiradores, como una fuerza de choque que tenían ellos».
Además, «querían construir como una especie de municipio» y «habían dejado un terreno grande que iba a ser una plaza y los terrenos que daban ese lote eran más caros», dijo.
En ese marco, explicó Alonso, los organizadores llegaron con nueva gente y lotearon esa plaza, lo que desencadenó la pelea, en la que «una de las personas, de los organizadores, hace tiros al aire, se produce una estampida y, de hecho, el enfrentamiento armado se produce a un kilómetro aproximadamente, en las orillas del rio Matanza».
El ministro explicó que en base a los videos que se produjeron en el lugar, los testimonios y las pericias fueron identificando a los responsables de los hechos, entre ellos «a dos de los tiradores que están heridos», lo que indica que «hubo un enfrentamiento armado».
Uno de ellos, agregó, «estaría custodiando un espacio del barrio donde se vendía droga, y por eso tenía un FAL (fusil automático liviano), que hasta ahora no apareció» y se sigue buscando.
Consultado sobre la posibilidad de que haya fuerzas de seguridad involucradas en el hecho, Alonso respondió: «Que haya algún policía involucrado puede ser, acá hay una situación; estamos buscando a cinco personas que están identificadas, que tienen pedido de captura de Interpol porque son paraguayos y tienen un historial de salida y de viaje frecuente a Paraguay, con lo cual apenas tuvimos las identidades pedimos las capturas».
En el marco de la causa, además de Correa Villalba, se encuentran detenidas otras tres personas, dos de las cuales están internadas a raíz de heridas que sufrieron en el enfrentamiento.
El miércoles, uno de los sospechosos fue hallado internado en grave estado en el Hospital Rivadavia, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque como está indocumentado aún no fue identificado.
En tanto, ya habían sido detenidos los acusados Walter Escobar (40), quien está internado en el hospital Paroissien con un tiro en una pierna, y Wilson Escobar, apodado «El Chino» (36), quienes el miércoles, al ser indagados por Arribas, se desligaron de las imputaciones y no aportaron mayores detalles.
De acuerdo con la información policial, Walter Escobar fue señalado como uno de los autores de la masacre por uno de los heridos en ese ataque que se encuentra internado en el mismo centro asistencial, quien relató a los pesquisas que se hacía pasar por víctima cuando en realidad fue un atacante.
En tanto, el otro aprehendido fue localizado en una de las casas del predio tomado y en su poder se secuestró un revólver calibre .32 con la numeración suprimida, municiones y efectos personales.
El hecho se registró el domingo pasado, cerca de las 15.30, en inmediaciones de una tosquera abandonada del barrio 8 de Diciembre, cercana al cruce de Debussy y Vega, de González Catán, partido de La Matanza.
Un vocero de la pesquisa indicó que en la balacera se efectuaron al menos 40 disparos con pistolas calibre 9 milímetros y que murieron Tomás Waldo Velázquez Chávez (28), Eduardo Rivera (23), Gregorio Mamani, Leonel Enzo Tuco Tapia (29) y Luis Fernando Bascope (16).
