El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) rechazó este martes el proyecto de ley ómnibus enviado por el Gobierno al Congreso porque «pretende desactivar procedimientos clave y avanzar sobre medidas regresivas para los derechos humanos y la democracia», a la vez que advirtió que el Parlamento «tiene la responsabilidad de no convalidar» la propuesta.
«En sólo tres semanas, entre el DNU 70/23 y la propuesta de ley, el Poder Ejecutivo presentó 1649 artículos que cambian toda la vida social y política, los parámetros de protección y la arquitectura estatal», expresó el organismo de derechos humanos en un comunicado que tituló «Sobre el proyecto de ley ómnibus«.
«Arremetida legislativa»
El Cels advirtió que tras la presentación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica, el Gobierno nacional «volvió con una arremetida legislativa al enviar un proyecto con propuestas de reformas distribuidas en 664 artículos» y afirmó que «el Congreso tiene la responsabilidad de no convalidar esta propuesta».
Para el organismo, «el proyecto avanza en temas que exceden por mucho lo relacionado con la emergencia económica» y alertó que la medida no busca «sólo un cambio de régimen económico sino también de régimen político», al pretender «gobernar y legislar sin el Congreso«.
«El primer punto del proyecto de ley llamado ‘Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos’ es el pedido del Poder Ejecutivo nacional al Congreso para que le delegue facultades legislativas extraordinarias en todos los aspectos de la vida económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social por dos años y prorrogable hasta el final de su mandato», abundó.
Además, señaló que la ley «duplica» el volumen de los 366 artículos que contenía el DNU y reclamó que «ambas medidas suponen una desprotección de las personas en los aspectos más básicos: la posibilidad de alimentarse, tener un lugar donde vivir, preservar su salud»
Según el Cels, esas cuestiones quedarán sometidas «a la lógica mercantil» y cuestionó que la propuesta de privatizar las empresas públicas «no dejan ninguna garantía de que el Estado ejercerá un control adecuado para asegurarse que, una vez en manos privadas, estas empresas prestarán un servicio público de calidad y de forma asequible».
En cuanto a la reforma penal para que «los integrantes de las fuerzas de seguridad no rindan cuentas por sus acciones», advirtió que ese tipo de modificación «no impacta en la reducción del delito, pero sí en el aumento de la violencia».
Sobre la protesta social, remarcó que el proyecto define «manifestación a la reunión de más de tres personas en el espacio público» y así ese artículo se pueda aplicar «en un sinfín de reuniones y encuentros» para originar, dijo, «una suerte de estado de sitio permanente sin que haya sido declarado».
