El veto total tuvo ingreso en la Legislatura provincial el 26 de diciembre, pero recién se conoció esta semana. Dirigido a la presidenta del cuerpo, Carmen Britto, el escrito indica que el Sistema de Protección Integral de Derechos Humanos y Géneros carece de factibilidad presupuestaria porque implica un “aumento en las erogaciones del sector público” que no estaba previsto en el Presupuesto General del corriente año.
Señala además que la normativa va a contrapelo de lo establecido por la Ley Nacional 27.428, de Responsabilidad Fiscal la cual sostiene que durante los últimos dos trimestres del año de fin de mandato no se podrán realizar incrementos del gasto corriente permanente.
Es por eso que consideró que normativas como la aprobada a inicios de diciembre “comprometen gravemente la asignación presupuestaria para el Ejercicio en curso, toda vez que la afectación presupuestaria vulnera expresamente la norma constitucional al asumirse compromisos salariales e incrementos de gastos no previstos presupuestariamente”.
Y remarcó que fue aprobada luego de la sanción del Presupuesto, por lo que tiene una incidencia económica “significativa sobre el presupuesto general de la provincia para el Ejercicio 2024, lo que no fue previsto por el Poder Ejecutivo ni considerado por los señores legisladores al momento de sancionar la ley de Presupuesto”.
¿Cómo sigue el trámite? De acuerdo al artículo 118 de la Constitución Provincial, la Legislatura la deberá discutir nuevamente, teniendo en cuenta esta vez los fundamentos que llevaron al Ejecutivo a vetarla. Para confirmarla, se necesitará del voto afirmativo de los dos tercios de los miembros presentes. De lo contrario, será vetada definitivamente.
“Sectores vulnerables”
Impulsada por las diputadas del Frente Chaqueño, Teresa Cubells y Mariela Quirós, la Ley del Sistema de Protección Integral de DDHH y Géneros fue sancionada el 6 de diciembre pasado. La normativa plantea la contención integral de todas las personas que, por acción u omisión, vean vulnerados, menoscabados o violados sus derechos humanos, con especial atención en sectores vulnerables: población LGBTQ+, comunidades indígenas, mujeres y personas privadas de la libertad, entre otros.
La normativa no hace más que institucionalizar una práctica de trabajo que se viene sosteniendo integralmente y en red desde hace cuatro años en la provincia a través de la Secretaría de DDHH y Género, la cual dejó de existir con la gestión entrante de Leandro Zdero. De esta manera, se busca garantizar mediante una ley la continuidad en esta labor.
En este sentido, el Sistema establece la posibilidad de realizar recomendaciones a las distintas áreas del Estado y elaborar estrategias para la promoción, capacitación y divulgación de las normativas vinculadas.
También crea un registro de casos, a través de una plataforma digital, como así también establece la consolidación del área de Litigios Estratégicos. Estas son dos cuestiones que ya existían con la Secretaría de Derechos Humanos y que la ley no hace otra cosa que institucionalizarlas.
También planteó que estará bajo su órbita el servicio de atención telefónico gratuito denominado “Línea 137 – Chaco dice No a las Violencias”, el cual funcionará durante las 24 horas, los 365 días del año, en el Área Metropolitana.
De acuerdo a la normativa, la Línea prestará atención y asesoramiento a las mujeres y población LGBTQ+ en situación de violencias por motivos de géneros a través de equipos interdisciplinarios cuya labor estará distribuida por turnos, en forma rotativa, a criterio de la autoridad de aplicación y estará integrado por profesionales de las ciencias humanas y sociales capacitados en la materia.
Protocolos
De acuerdo a la Ley aprobada, el Sistema de Protección estará integrado por los Protocolos de Atención Integral a las Víctimas de Violencias por Motivos de Géneros y el Protocolo de atención a las Víctimas de Vulneraciones de los Derechos Humanos.
El primero está destinado a mujeres y personas LGTBI+ que hayan atravesado o se encuentren atravesando una situación de violencias por motivos de géneros, con el objetivo de poner en resguardo la vida, la integridad física, psicológica y sexual, como de todos los tipos y modos de ejercicio de las violencias, mediante asesoramiento legal que garantice el efectivo acceso a la justicia, el acompañamiento, asistencia y contención terapéutica para promover y reconstruir la autonomía vulnerada, desde una perspectiva de derechos humanos, géneros e interseccionalidad.
En tanto que el segundo está destinado a las personas que hayan atravesado o se encuentren atravesando una situación de violencias por acción u omisión por parte de agentes de estado, por las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario, con el objetivo de poner en resguardo la vida, la integridad física, psicológica y sexual, mediante asesoramiento legal que garantice el efectivo acceso a la justicia, el acompañamiento, asistencia y contención terapéutica desde una perspectiva de derechos humanos, géneros e interseccionalidad.
“Justicia social”
En los fundamentos, las diputadas Cubells y Quirós dejaron en claro que las políticas en materia de derechos humanos “son justicia social y no deberían llevar nombre y apellido, ni acabarse con el término de una gestión”.
“Deberían sellarse como un deber cumplido con debida diligencia. Porque son derechos que deben ser velados por el Estado y no puede quedar arbitrio de la voluntad política, la plena vigencia y el goce de los mismos en el territorio de la provincia”, afirmaron.
“Jerarquizar este Sistema Integral de Protección y volverlo Ley es establecerlo para la posteridad y asegurar su continuidad en el tiempo. Significa no someter a discusión que las víctimas de violencia institucional y las víctimas de violencia de géneros necesitan de un sistema perfeccionado y eficiente para poder recurrir ante situaciones donde sus derechos elementales vulneren su condición humana”, remarcaron.
