Por un lado, los cinco diputados del FIT-U -Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Romina del Plá, Alejandro Vilca y la reciente incorporación de Christian Castillo- se preparan para rechazar la llamada ley ómnibus en el Parlamento, a la que califican como anticonstitucional, y poner un freno al decreto de necesidad y urgencia (DNU) de desregulación de la economía.
«Vamos a expresar el rechazo a la ley ómnibus en su totalidad que establece un cuasi Estado de sitio. Y en lo que hace al DNU queremos plantear que se constituya la bicameral y sesione el 23 de enero para rechazarlo e impedir que se consolide una autocracia en nuestra país«, aseguró Castillo en declaraciones a Télam.
En el FIT creen que el Gobierno no va a poder sumar las voluntades necesarias para aprobar el paquete de reformas de la ley ómnibus, ya que no cuentan con los apoyos a las medidas.
«Nunca se ha hecho una modificación de 300 leyes. No hay ninguna necesidad y urgencia. Tenemos que derrotar el plan del Gobierno», coinciden en el FIT-U
En el Congreso ya tuvo lugar el primer momento de tensión con gritos y acusaciones cruzadas entre los legisladores del FIT-U, que denunciaban arbitrariedad e irregularidades en las designaciones de las presidencias de las comisiones, y el diputado José Luis Espert.
Desde la alianza troskista reclaman que a pesar de contar con cinco diputados, sólo les otorgaron lugar en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, lo que consideran injusto porque, dicen, a bloques de «uno o dos diputados amigos del Gobierno» les asignaron incluso la presidencia, utilizando de forma discrecional otros mecanismos de selección».
El hecho tomó notoriedad pública cuando el diputado Espert le cerró el micrófono a Castillo en el momento en que estaba pidiendo impugnar esa designación luego de que hubiera pedido «cárcel o bala» contra Bregman y Del Caño y para todos los que corten la calle.
«Tiene una denuncia judicial y se autoproclamó como presidente de la comisión. Es una discrecionaldiad absoluta y algo insólito», aseguró Castillo. Ante este escenario, desde el FIT-U aseguran que van a analizar que recursos pueden presentar para impugnar la designación.
Además, la izquierda confía en que la calle es fundamental para enfrentar las medidas de ajuste, la ley ómnibus, el DNU y los despidos que ya se están llevando adelante, y esperan que el paro convocado por la CGT para el 24 de enero logre demostrar la fuerza popular con una masiva convocatoria que canalice el «desencanto» y descontento con el Gobierno.
Sin embargo, miran con desconfianza a las centrales obreras convocantes ya que temen que se inclinen por una postura más dialoguista con el Gobierno y que incluso puedan dar marcha atrás con el paro nacional.
Como forma de diferenciarse, y con el objetivo de expresar un polo verdaderamente combativo, anunciaron que van a marchar de forma independiente a lo que califican como «la burocracia sindical».
«El ataque del DNU al pueblo va mucho más allá de la reforma laboral. La CGT debe mantener el paro por su anulación definitiva, para rechazar la ley ómnibus y sobre todo para reclamar una inmediata recomposición salarial ante el ‘Rodrigazo’ ejecutado por Milei», subrayó el dirigente Gabriel Solano en sus redes sociales, luego de conocerse que la Justicia hizo lugar a las medidas cautelares en lo que respecta a las reformas laborales del DNU.
La izquierda anticipa además que acompañará protestas como asambleas en puestos de trabajo, cacerolazos y distintas manifestaciones, en lo que califican como un verano «de lucha»
«El 24 de enero vamos a quebrar el protocolo de (la ministra de Seguridad Patricia) Bullrich. Se intenta establecer un régimen muchísimo más autoritario con más represión y policías en las calles impidiendo que la gente pueda movilizar», coinciden distintas fuentes partidarias.
Para organizar la jornada, el Frente de Lucha Piquetero -integrado por 20 organizaciones- le extendió una carta al Plenario del Sindicalismo Combativo para convocar a un plenario el próximo 20 de enero junto a otras organizaciones políticas, sindicales y piqueteras.
La primera marcha tuvo lugar el pasado 20 de diciembre, cuando el Polo Obrero y otras organizaciones leyeron un documento en Plaza de Mayo y donde se puso a prueba por primera vez el llamado protocolo para el «mantenimiento del orden público» que, entre otras cosas, exigía que la marcha se realice exclusivamente por la vereda.
Por otro lado, ante los despidos en la ciudad de Buenos Aires, el FIT-U presentó un proyecto para que se declare la emergencia laboral para el personal de la administración pública en el distrito y esperan conseguir el acompañamiento del peronismo porteño en esta iniciativa.
En el proyecto se propone dejar sin efecto los despidos que tuvieron lugar durante los meses de diciembre y enero de 2023 y 2024, impedir que haya nuevos por 24 meses y el pase a planta de todos los trabajadores de la administración pública en CABA
«Estamos solicitando y exigiendo que se convoque a sesiones extraordinarias porque están de vacaciones en al legislatura. Todavía no tuvimos una sola sesión desde que asumí el 10 de diciembre», recalcó la legisladora porteña Celeste Fierro.
