La Libertad Avanza (LLA), con marchas y retrocesos, apunta a construir una «mayoría» en la Cámara de Diputados que permita aprobar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que busca desregular la economía y la denominada ley ómnibus, y desde el espacio oficialista algunas voces aseguraron esta semana que, «en caso de ser necesario» existe disposición para introducir cambios en esas iniciativas, mientras que también admiten la dificultad de generar acuerdos en el Congreso Nacional por falta de experiencia legislativa.
«Queremos ponernos a trabajar y trabajar la ley. Tenerla preparada a mitad de mes si se puede. Consideramos que vamos a tener mayoría y podremos pasarla al Senado. Vamos a escuchar a todo el mundo, si debemos corregir puntos del paquete de leyes lo vamos a hacer», aseveró esta semana el presidente del bloque en Diputados de LLA, Oscar Zago.
El legislador tomó un rol protagónico en los últimos días y participó en la organización de las tres comisiones que tratarán el proyecto de ley sobre «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos» en el Congreso.
Fuentes cercanas al espacio oficialista reconocieron a Télam que saben que tendrán que «ceder en algunos puntos» del megaproyecto y aseguraron estar «abiertos a discutir modificaciones».
Sin embargo, en LLA existe preocupación por la «falta de orden» dentro del bloque libertario en la Cámara baja, y se cree que esa falta de verticalidad podría perjudicar la posibilidad de llegar a acuerdos con diputados y senadores de sectores más permeables de la oposición, tales como la UCR.
En este sentido, desde LLA descartan la posibilidad de conseguir acuerdos con diputados de Unión por la Patria (UxP), pero aseguraron que a algunos partidos de la oposición les molestan más «las formas que las reformas».
Además, si bien hizo ruido esta semana la designación del diputado del monobloque Avanza Libertad José Luis Espert como presidente de la Comisión de Presupuesto -debido a un antiguo enfrentamiento electoral que supo tener con el presidente Javier Milei-, lo más preocupante en las filas libertarias parece ser la falta de experiencia legislativa de sus diputados.
Según pudo averiguar Télam, la construcción de acuerdos del oficialismo dependerá del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
El legislador porta un apellido tradicional en la política argentina, pero es también un recién llegado a la actividad parlamentaria.
Menem tendrá por delante en las próximas semanas el desafío de demostrar su capacidad de sumar voluntades para la aprobación de las normas que impulsa el oficialismo.
Desde LLA, admiten que «sería muy duro» que el denominado proyecto de ley ómnibus no tenga el apoyo necesario para su aprobación cuando sea debatido en Diputados.
Por eso, la fuerza libertaria procura alcanzar consensos con otros espacios, una tarea que asumió el ministro del Interior, Guillermo Francos, quien esta semana se reunió con gobernadores preocupados por determinados puntos del paquete legislativo.
Uno de ellos fue el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, para poder tratar la modificación del articulado referido a la pesca que desregula un mercado muy importante para su provincia.
«Vamos a clarificar algunos puntos de la ley porque el espíritu es el mismo que tienen los gobiernos provinciales. Lo que pretendemos es que todo este proceso se haga de una manera eficiente para proteger la pesca argentina dentro de las 200 millas», indicó Francos tras la reunión en Casa de Gobierno.
Por su parte, Zago aseguró también esta semana que seguramente el gobernador chubutense expondrá en la comisión que corresponda y repitió el mantra de que si hay algo que corregir «lo van a hacer».
En ese sentido, fuentes de LLA indicaron a Télam que el oficialismo está abierto a discutir aspectos de la reforma electoral, pero descartan negociar las modificaciones en materia laboral.
Menem tendrá por delante en las próximas semanas el desafío de demostrar su capacidad de sumar voluntades para la aprobación de las normas que impulsa el oficialismo
La Cámara Nacional del Trabajo dictó esta semanas dos medidas cautelares que suspenden la aplicación del capítulo laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dictado por el gobierno de Javier Milei.
Se trata de planteos formulados por la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA).
Los jueces resolvieron «disponer la suspensión cautelar de los efectos del DNU 70/2023 en lo que hace a la operatividad de las previsiones contenidas en su Título IV (TRABAJO -arts. 53 a 97-) hasta tanto se dicte resolución sobre el fondo».
Al respecto, Zago consideró que si bien la Cámara de Trabajo está «en todo su derecho» de rechazar las modificaciones laborales del DNU del Ejecutivo, el Gobierno nacional está listo para apelar ante la Corte Suprema.
«El Gobierno apelará a la Corte y después en la Corte será tratado el próximo amparo que hagan la CGT y la CTA», subrayó.
PAOLTRONI SOSTUVO QUE HABRÁ «NEGOCIACIÓN» PARA APROBAR LA LEY ÓMNIBUS
El senador nacional por La Libertad Avanza consideró el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido por el Poder Ejecutivo para desregular la economía «debe ser aprobado» con el objetivo de generar condiciones de crecimiento en el país, y admitió que el oficialismo mantiene «una negociación» en el Congreso para ratificar la normativa.
«La urgencia está dada por la crisis económica que atravesamos y la necesidad de generar las condiciones para que la economía arranque. En es sentido, el DNU es una obra maestra», opinó Paoltroni en declaraciones a Radio Rivadavia.
Además, el dirigente formoseño aseguró que «por supuesto que hay negociación» para discutir el proyecto de la denominada «ley ómnibus» en el Congreso, y afirmó que «el intercambio de ideas que se tiene que dar» en el parlamento.
«Nosotros necesitamos este shock para que la economía arranque y el dinero empiece a circular No se puede poner el freno constantemente a todo», dijo Paoltroni.
En esta línea, sostuvo que «el conjunto de normas que nos rigen nos trajo a este fracaso» e indicó que es necesario dar curso a normas que «están planchadas hace veinte años».
«No podemos demorarnos en aprobar lo que las empresas quieren para empezar a invertir», concluyó.
