La sala de feria de esa cámara dictó este miércoles una medida cautelar y suspendió con carácter colectivo los efectos de las normas del ‘Capítulo IV’ del decreto de reforma laboral como respuesta a una solicitud de la CGT, que fue desestimado en primera instancia porque a consideración del juez interviniente «la norma no había entrado aún en vigencia».
Ante la apelación de la central obrera que colideran Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, las autoridades judiciales de feria aceptaron el pedido de habilitación de su actuación durante este mes e hicieron este miércoles finalmente lugar a la medida cautelar.
«El fallo se produjo en el contexto de una multiplicación de acciones judiciales que cuestionan la constitucionalidad del DNU y de un conflicto de competencia que de seguro se planteará entre el fuero contencioso administrativo, en el que está radicada la gran mayoría de las acciones, y el laboral, que intervino por la especificidad de la materia planteada, es decir, exclusivamente el capítulo laboral», afirmó la CTA Autónoma.
Un documento de la central obrera añadió que «es muy probable que haya una reacción por parte del primero y se plantee una cuestión de competencia, de resolución incierta».
Pero en los hechos, «la cautelar suspendió los efectos del DNU 70/23 en materia laboral y puede ser utilizada por cualquier trabajador u organización, independientemente de que esté o no afiliado a la CGT, a partir de su carácter colectivo», dijo un documento.
Para la CTAA, desde ahora se abren dos caminos en el plano jurídico: la disputa de competencia entre los fueros contencioso administrativo y laboral -de forma previsible el último tratará de defender su especificidad y la vigencia de la medida cautelar-, y el otro, que procurará absorber todas las causas con el apoyo del Gobierno nacional.
«Por otro lado, existirá la presentación de un recurso extraordinario del Ejecutivo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJN) para revocar la medida cautelar, lo que de seguro será aceptado por la Cámara, aunque no es claro con qué efectos, porque la aceptación del recurso puede implicar la suspensión de los efectos del fallo, por lo que el DNU volvería a estar vigente o puede tramitarse manteniendo los efectos de la medida judicial», explicó.
En cualquier caso, para la CTAA la cuestión jurídica terminará definiéndose en la Corte Suprema de Justicia, que en la demanda presentada por la provincia de La Rioja ya adelantó que tiene intenciones de hacerlo en febrero, sostuvieron los dirigentes.
«El fallo de la cámara laboral fortalece el cuestionamiento político del DNU 70/23. En el terreno jurídico existirán pronunciamientos contradictorios en las próximas semanas, lo que concluirá cuando se pronuncie la Corte. Pero la medida cautelar fue un avance muy importante en la lucha contra la reforma laboral y, en el plano político, la continuidad de las acciones colectivas seguirá siendo el eje central de la resistencia social», concluyó.
La CTAA analiza desde el primer momento las medidas anunciadas por el Gobierno en el DNU y la Ley Ómnibus a través de su Instituto de Estudios y Formación (IEF).
