A través de un comunicado de prensa, la Cicop alertó sobre una eventual sobrecarga y vulneración del sistema público de salud al decir que «las medidas anunciadas, como la liberación de precios de las prepagas, provocarán que más gente se vuelque a la salud pública por no poder acceder a efectores privados».
«Representan un avasallamiento a los principios fundamentales de la salud y al rol esencial que desempeñan los profesionales en la atención primaria», indicó.
En esa línea, expresó su preocupación ante la decisión del Gobierno nacional de «otorgar el poder absoluto al mercado y dados los recursos limitados disponibles, como camas de cuidados intensivos, turnos quirúrgicos y capacidad de asistencia en los consultorios, una sobrecarga sostenida nos expondrá al colapso».
La Cicop advirtió sobre la liberación de la regulación de los aumentos de las prepagas, donde ya se registra una suba entre un 35 y 40%, y la desfinanciación de las obras sociales que, alertó, afectará los programas de vacunación, salud reproductiva, enfermedades de transmisión sexual, tuberculosis y oncológicos, entre otros.
Además, consideró que «las reformas en el sector farmacéutico posibilitan la venta libre de medicamentos en comercios, desincentivando la consulta con un profesional de salud y favoreciendo la sobremedicación».
«Esto es gravísimo porque habilita la venta de medicamentos de venta libre en la vía pública, los kioscos y cualquier otro tipo de comercio; interpretando que un medicamento de venta libre no es un medicamento, eludiendo condiciones de mantenimiento y almacenamiento, y sin considerar que cualquier medicamento consumido en dosis inadecuadas puede causar serias consecuencias a la salud de las personas», amplió.
También, dijo, «se desfinancia la producción pública de medicamentos y vacunas, se autoriza que cualquier persona sin título habilitante esté a cargo de una farmacia y se permite la propiedad de las farmacias en manos de sociedades anónimas con el único objetivo de hacer negocio».
«La ley ómnibus -añadió- implica un gran retroceso en salud mental, ya que habilita internaciones por orden judicial sin mediación de equipo interdisciplinario, desarma los organismos de control quitando poder y responsabilidad al Estado, habilita criterios arbitrarios para la internación, que no son sanitarios y propicia la apertura de nuevos manicomios».
