La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió este martes habilitar la feria judicial para tratar el amparo presentado a fin de año por la CGT contra el capítulo laboral del DNU 70/2023 del Gobierno nacional mientras, en el mismo sentido, el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge abrió la feria judicial para aceptar otro requerimiento contra la norma.
La resolución de la sala de feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, firmada por los camaristas María González y Alejandro Subera, atendió el pedido de la CGT, rubricado por su cosecretario general Héctor Daer, para que se levante la feria y se evalúe el pedido de suspensión del decreto de necesidad y urgencia (DNU).
En el primer punto de la petición, la CGT solicitó que «se decrete la medida cautelar solicitada de suspensión de la aplicación del «Título IV Trabajo» del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023″.
En la misma resolución, los jueces González y Subera trasladaron el expediente al Ministerio Público Fiscal para que emita un dictamen.
«Esta Sala considera que, frente a las particularidades del caso, lo traído a consideración amerita la apertura de la habilitación de la feria judicial solicitada, lo que así se resuelve», señalaron los camaristas.
El pedido de excepcionalidad, firmado por Daer, invocó el mecanismo del amparo «para impedir que la tramitación del proceso traiga aparejado un daño de difícil o ardua reparación, en actos que, en principio, podrían invocarse para cercenar derechos».
Específicamente, la CGT solicitó que «se decrete la medida cautelar solicitada de suspensión de la aplicación del ‘Título IV Trabajo’ del Decreto de Necesidad y Urgencia».
El capítulo que objeta la principal representación sindical de los asalariados contempla la ampliación del período de prueba hasta los 8 meses, la incorporación de los bloqueos o tomas de establecimientos como causa de despido y cambios en el sistema de indemnizaciones.
El miércoles pasado, durante la masiva movilización que llevó la protesta obrera a las puertas de tribunales, Daer dijo que había que «voltear» el decreto «en la política, en la Justicia y en las calles».
Por otra parte, el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge resolvió este martes sobre un amparo presentado por Roberto Crespo Armengol, quien solicitó la suspensión cautelar del decreto argumentando que el Ejecutivo excede sus facultades y afecta diversos aspectos legales y normativos vigentes al promulgar el DNU.
Aun con el antecedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que rechazó el viernes pasado abrir la feria judicial ante un pedido del gobierno de La Rioja, firmado por el exministro del máximo tribunal, Eugenio Zaffaroni, el juez de Lomas de Zamora resolvió habilitar que se levante el receso para analizar el caso.
El viernes pasado, último día judicial antes de la feria, la Corte decidió aceptar el pedido de amparo de La Rioja pero advirtiendo que lo trataría recién en febrero, luego del receso, en tanto el procurador general interino, Eduardo Casal, fija postura -aunque no vinculante- sobre el conflicto.
A pesar del diferimiento a febrero por la decisión de fondo, uno de los letrados firmantes del pedido, el profesor de derecho constitucional Raúl Ferreyra, celebró la decisión de la Corte y la evaluó como un gran avance.
«La competencia originaria, la competencia jurisdiccional más importante de Argentina, que es amplia para la discusión federal, se abrió. Ahora, el Estado debe responder a la demanda de inconstitucionalidad», dijo el profesor y miembro de la comisión de notables que asesoró al expresidente Alberto Fernández en la reforma judicial.
En el mismo sentido se manifestó este martes el gobernador riojano, Ricardo Quintela, impulsor de uno de los principales cuestionamientos en la Corte al DNU, cuando señaló en declaraciones radiales que «nos plantean irónicamente que ‘no la vemos’, pero lo único que vemos es que hay más pobreza, hambre, desesperación y mayores dificultades para que la gente alcance el nivel de vida que tenía».
Durante la mañana de este martes también se conocieron otras decisiones de jueces federales que habilitaron la feria judicial para tratar planteos contra el mega Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 que se encuentra vigente desde el 30 de diciembre.
La jueza Silvia Garzini también habilitó la feria judicial para dar tratamiento a un planteo de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina y lo remitió a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que ya tiene en sus manos el planteo de la CGT.
Otro juez que habilitó la feria para un caso vinculado al DNU fue el magistrado federal de Mar del Plata, Alfredo López, quien corrió vista al ministerio público fiscal ante un planteo que recayó en su juzgado.
En tanto, el juzgado federal 2 de San Juan, que había habilitado la feria para dar tratamiento a una presentación contra el DNU remitió el caso al juzgado en lo contencioso administrativo federal 2, que conduce Esteban Furnari.
Las iniciativas contra el decreto de Javier Milei están siendo recolectadas por el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Furnari, para tramitar un proceso colectivo y evitar sentencias contradictorias.
Con ese espíritu, el viernes pasado Furnari le solicitó a la Justicia del Trabajo que le envíe el amparo de la CGT y hoy, de motu proprio el juez Auge le envió su decisión de habilitar la feria para que decida si corresponde levantar el receso.
Además de los amparos mencionados, Furnari tiene en su despacho los de la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, firmado además por el exdiputado Claudio Lozano, y también los presentados por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez y el expresidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal Jorge Rizzo.
Durante la feria judicial, el juez del fuero contencioso administrativo que se encuentra de turno es Enrique Lavié Pico quien deberá decidir que hace con los casos para los cuales fue habilitada la feria judicial en otras jurisdicciones y que luego fueron remitidos al juzgado de Furnari.
