Las principales ONG de Venezuela denunciaron que hubo 824 ejecuciones por parte de las fuerzas policiales y militares del régimen de Nicolás Maduro, en 2002.
Según el informe del Proyecto Lupa por la Vida, difundido este viernes, el año pasado fueron asesinadas 824 personas.
Los números del informe surgieron a partir del relevamiento de datos que realizaron de manera conjunta a Fundación Centro Gumilla, Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) de la Compañía de Jesús en Venezuela y la organización defensora de Derechos Humanos, PROVEA.
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“El año 2022 se caracterizó por un alto número de privaciones arbitrarias de la vida por parte de funcionarios policiales y militares, los cuales pueden constituir crímenes de lesa humanidad”, señaló Marino Alvarado, representante de la ONG defensora de DD.HH. Provea.
Desde las organizaciones de Derechos Humanos alertaron que “el alto número de muertes evidencia la continuidad de una política de Estado de violaciones masivas y, a su vez, sistemáticas al derecho a la vida”.
Además, explicaron que desde el Estado hay una “impunidad estructural que lleva a que la casi totalidad de estos homicidios no se investiguen”
Marino Alvarado sostuvo que “tampoco existe voluntad de hacer investigaciones genuinas de los más altos responsables de los crímenes”. Y aclaró que, por el contrario, “hay un respaldo institucional que reciben los funcionarios policiales y militares, por parte de altas autoridades de la gestión pública y los altos mandos, en el uso letal de la fuerza, obviando normas nacionales y estándares internacionales”
Desde las ONG denuncian que “se ha institucionalizado la acción deliberada de producir muerte”.
