El régimen de Irán ya ha ejecutado a 94 personas en lo que va del año, lo que implica un “aumento notable” en el uso de estas penas con respecto a los meses de enero y febrero de 2022.
“Las autoridades ejecutaron al menos a 94 personas sólo en los meses de enero y febrero”, apuntaron Amnistía Internacional (AI) y el Centro Abdorrahman Boroumand en un comunicado en el que también denunciaron que el régimen utiliza cada vez más la “violencia sexual y otros tipos de tortura” para obtener confesiones forzadas.
“Es desgarrador que las ejecuciones se produzcan de forma rutinaria en medio del uso sistemático de ‘confesiones’ contaminadas con tortura para condenar a los acusados en juicios manifiestamente injustos”, comentó al respecto la directora regional adjunta de AI para Oriente Próximo y Norte de África, Diana Eltahawy.
Las ONG advirtieron del aumento de estas penas así como del uso de la violencia para conseguir confesiones forzadasPor otro lado, las ONG advirtieron del “creciente uso de la pena de muerte contra las minorías perseguidas”. Según detalla el informe, desde principios del año, ya han muerto en este contexto de juicios injustos una persona de la minoría árabe Ahwazi junto con 14 kurdos y 13 baluchíes.
Puntualmente, se identificó a Hasan Abyat, ejecutado en la prisión de Sepidar, en Juzestán, y a Arash Ahmadi, quien fue asesinado en la prisión de Diesel Abad, en la provincia de Kermanshah, al oeste de Irán.
También, dieron cuenta de que por lo menos una decena de otros fueron condenados a muerte, lo que supone “una espantosa escalada en el uso de la pena de muerte como herramienta de represión contra las minorías éctnicas”, continúa el comunicado.
El militante kurdo Arash Ahmadi fue asesinado en la prisión de Diesel Abad, en la provincia de Kermanshah, al oeste de IránDesde AI reiteraron que la pena de muerte -el máximo castigo existente- es “cruel, inhumana y degradante” y, según el Derecho Internacional, al darse como resultado de un “juicio injusto”, constituye “una privación del derecho a la vida”.
Un caso similar es el que enfrentan los manifestantes detenidos en las protestas impulsadas tras la muerte de la joven kurdo-iraní Mahsa Amini, que generó enojo en la población y derivó en pedidos de “muerte al dictador” y “fin a la República Islámica”.
En este contexto, ambas organizaciones llamaron al cese urgente de esta práctica con la que el régimen busca “sembrar el temor de que cualquier persona sea reprimida con la fuerza bruta, ya sea en las calles o en la horca”, dijo por su parte la directora de Centro, Roya Boroumand.
El documento denuncia que el régimen utiliza estos mecanismos para “sembrar el temor de que cualquier persona sea reprimida con la fuerza bruta, ya sea en las calles o en la horca” (Europa Press)“El mundo debe actuar ahora para presionar a las autoridades iraníes para que apliquen una moratoria oficial sobre las ejecuciones, que anulen las condenas injustas y las penas de muerte, y que anulen todas las inculpaciones vinculadas a una participación pacífica a las manifestaciones”, sentenció Eltahawy y concluyó: “Instamos a todos los Estados a ejercer la jurisdicción universal sobre todos los funcionarios iraníes de los que se sospeche razonablemente que tienen responsabilidad penal por delitos de Derecho Internacional y otras violaciones graves de los Derechos Humanos”.
