La comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, que preside el diputado Federico Angelini (PRO), se reunió para debatir la necesidad de repensar una nueva ley sobre salud mental y adicciones.
Al respecto, Sandra Álvarez, fundadora de la ONG Proyecto Vida Digna, consideró que “la mayoría de los chicos que llegan a una unidad penal pasó mucho tiempo buscando lugares para poder internarse, la familia sufre muchísimo y queda afuera. Estamos llegando tarde, tenemos que llegar antes. Hay cosas que tenemos que empezar a mirar con amor. Los procesos de recuperación son muy lentos y las familias estamos muy solas”, aportó.
Claudia Cazabat, directora nacional de Atención Crítica, expresó que es “importante reconocer a la persona como un sujeto de derechos porque no cualquier persona tiene un consumo problemático, las respuestas deben ser singulares. La exclusión no favorece al tratamiento. Es importante el trabajo en red. Tenemos que trabajar en forma conjunta con Educación, Salud, Desarrollo Social, con todos los actores de la comunidad. La ley se refiere a la reglamentación de cómo tiene que ser la internación involuntaria, tenemos que ver los huecos y dónde trabajar para la plena implementación de la ley”, aseguró.
En tanto, Marisol Froy, miembro de “Madres del Ser”, pidió por una ley específica en adicciones donde el acceso al sistema de salud sea acorde a la problemática real y actual. Y, al mismo tiempo, solicitó la emergencia en salud, para la “creación de más dispositivos de abordaje”.
Por su lado, Leonardo Gorvacz, exdiputado y coautor de la ley de Salud Mental, recordó que las leyes existentes fueron votadas por amplia mayoría. “Hemos podido construir consensos alrededor del tema de las adicciones y la salud mental, pero eso no significa que se haya resuelto el problema. La ley no prohíbe la internación involuntaria, expone un criterio y un sistema de control. El tema es cómo se interpreta en la guardia. La verdadera prevención es construir una sociedad con más oportunidades”, fundamentó.
El médico Andy Blake agregó que la Argentina no tiene un mecanismo de medición sistemático de los problemas de salud mental y adicciones. “Saber con qué recursos humanos contamos y su distribución geográfica es importante. Tampoco tenemos información de qué tipo de problemas de salud mental tenemos. Lo que no se mide no se conoce, lo que no se conoce no se puede abordar”, afirmó. Y propuso unificar leyes en vez de “generar leyes por problemas”.
Mariano Rey, director bonaerense de Salud Mental, manifestó: “Podemos decir que el sistema sanitario que recibimos es bastante fragmentado con poco nivel de articulación. Todavía cuesta llegar a aquel que más nos necesita y ahí hay un proceso de trabajo que también tenemos que dar”.
Además participaron, Hugo Leale, director del “Observatorio de Prevención y Promoción de Salud Comunitaria”, facultad de Psicología. UBA; Alicia Stolkiner, doctora en Salud Mental, investigadora y docente universitaria; Alberto Trimboli, doctor en Psicología Social, coordinador del sector de Adicciones del hospital Álvarez; Gabriel Avena, especialista en Salud Mental y Adicciones; Osvaldo Denton, asociación “Hay Salida”; Norma Galeano, directora de Madres Territoriales y Luciano Grasso, exdirector nacional de Salud Mental del ministerio de Salud de la Nación, entre otros.
