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Juicio político a la Corte: el oficialismo advirtió que espera “no llevar a nadie con la fuerza pública”

La diputada kirchnerista Mara Brawer señaló que el bloque que encabeza Germán Martínez “aspira” a que los integrantes del máximo tribunal se presenten a declarar en la reunión de Comisión. Los jueces no están obligados a asistir.

Tras la presentación del pedido de juicio político contra los jueces de la Corte Suprema introducido en la Cámara Baja, el Frente de Todos terminó de definir su estrategia en comisión y alertó a los magistrados que no acepten presentarse a declarar: “Esperamos que no haya que llevar a nadie con la fuerza pública”, advirtieron desde el oficialismo.

Mara Brawer, diputada nacional kirchnerista, detalló que el bloque encabezado por Germán Martínez presentará “las pruebas” durante el debate en el Congreso y “aspira” a que los integrantes del máximo tribunal – los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti-, “se ajusten a derecho y tengan la oportunidad de presentar sus argumentos a la sociedad argentina”.

Sobre el funcionamiento de la comisión de juicio político, Brawer detalló: “Nosotros vamos a presentar las pruebas, la comisión va a pedir más pruebas y es importantísimo que se presenten porque cada persona tiene derecho a presentar sus razones. Los supremos (por los jueces de la Corte), como cualquier ciudadano, tienen que concurrir. Si no lo hacen es para pensar que no tienen argumentos suficientes”.

El oficialismo aspira a que los integrantes del máximo tribunal se presenten a declaran en el juicio político. (Foto: NA)
El oficialismo aspira a que los integrantes del máximo tribunal se presenten a declaran en el juicio político. (Foto: NA)

Mientras tanto, referentes de los principales espacios de la oposición redoblaron sus críticas al Gobierno por el pedido de juicio político a la Corte Suprema, e insistieron en que bloquearán la iniciativa en el Congreso.

“Es un intento de apretar al Poder Judicial para poder lograr impunidad para la Vicepresidenta (Cristina Kirchner)”, afirmó Graciela Ocaña este sábado, en declaraciones radiales. Según la legisladora, la avanzada oficialista sobre la Corte “es el objetivo de gran parte de los proyectos que se han girado en extraordinarias y se suman otras iniciativas que no van a ser aprobadas porque no tienen las mayorías requeridas”.

En qué consiste el pedido de juicio político

El oficialismo de la Cámara de Diputados presentó este viernes el proyecto de Juicio Político contra los jueces de la Corte Suprema, un día después de que el Gobierno oficializara la convocatoria a sesiones extraordinarias entre el 23 de enero hasta el 28 de febrero próximos para tratar esa y otras iniciativas.

En el proyecto, encabezado por Eduardo Valdés y firmado por otros 11 legisladores del Frente de Todos, pidieron citar a los magistrados a declarar ante Comisión, una posibilidad que podría concretarse una vez que empiece el proceso, aunque los integrantes del máximo tribunal no están obligados a asistir a la reunión de la Comisión de Juicio Político.

Axel Kicillof, Marcelo D´Alessandro y Eduardo "Wado" De Pedro fueron citados a declarar por el juicio político a la Corte Suprema de Justicia. (Fotos: NA/Gobierno de la Ciudad/NA).
Axel Kicillof, Marcelo D´Alessandro y Eduardo “Wado” De Pedro fueron citados a declarar por el juicio político a la Corte Suprema de Justicia. (Fotos: NA/Gobierno de la Ciudad/NA).

Además, se requirió la presentación de Silvio Robles, vocero de Rosatti; de Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad (en licencia); de los gobernadores que suscribieron al pedido de enjuiciamiento contra el máximo tribunal; del procurador del Tesoro, Carlos Zannini y del ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, entre otros citados. En total, son 44 testigos sin contar a los cuatro integrantes de la Corte.

Entre los fundamentos oficialistas -el proyecto tiene 410 páginas- se sostiene que “el juicio político que se promueve resulta ser un proceso constitucional llevado a cabo por un órgano constitucional (el Congreso de la Nación) con una función específica y exclusiva, tal como es la de analizar la responsabilidad política de los magistrados acusados y juzgar si aún mantienen la idoneidad necesaria para continuar ejerciendo adecuadamente el cargo que detentan”.

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