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El fallo de la Corte le mete presión a la meta fiscal con el FMI para 2023

El costo del pago equivale al 10% del presupuesto para obra pública. Pagarle a la Ciudad 600 millones más al día equivale al 0,15% del PBI, lo que significa reducir el déficit hasta el 1,75% del PBI, en lugar del 1,90% acordado.

En el momento en el que la Corte falló de manera cautelar que Nación deberá pagarle a la Ciudad el 2,95% de la coparticipación y no el 1,4% que venía pagando, a Massa se le sumó un nuevo dolor de cabeza. Cumplir con la sentencia implica pasar de girarle 500 millones de pesos diarios a la Ciudad a 1.100 millones de pesos.

 

El ministro no se desmarca de la decisión presidencial de no pagar. Sin embargo, tras puertas cerradas, su equipo estudia las alternativas para poder cumplir con el fallo y se cuida de no dejar trascender ninguna de las posibles soluciones.

Al fin y al cabo, desandar la medida implicaría sacarle esos 600 millones diarios a Kicillof y dejarlo sin fondos para la policía bonaerense. Redistribuir esa carga entre toda la coparticipación tampoco es viable: la afección presupuestaria a otra provincia terminaría nuevamente en la Corte Suprema. El mismo precedente de Larreta allanaría el camino a los gobernadores.

Cumplir con la sentencia implica pasar de girarle 500 millones de pesos diarios a la Ciudad a 1.100 millones de pesos.

 

La cifra no es sideral, pero tampoco es fácil de conseguir. Cabe recordar que, además de la meta fiscal, el acuerdo con el FMI tiene una meta de financiamiento monetario del 0,6% del PBI para este año, cuatro veces el pago que ordenó la Corte. Sin embargo, Massa se ató las manos cuando asumió en Economía y se comprometió a no financiar el déficit con la maquinita. Fuentes oficiales confirmaron a este medio que esto no está en discusión. Gracias al recorte en la emisión y otras medidas, la inflación en noviembre mostró la primera baja ostensible.

El fallo de la Corte le mete presión a la meta fiscal con el FMI para 2023

 

En la Ciudad consideran que el Gobierno está en perfectas condiciones para ampliar partidas presupuestarias y reducir otras para cumplir con el fallo del 22 de diciembre. Y apuntan al fin de la feria judicial para empezar a recibir los pagos: cuando vuelva a trabajar la Corte Suprema podría embargarle las cuentas al Tesoro y obligar al Banco Nación a cumplir el fallo, a pesar de la negativa de Alberto Fernández. Para los directivos del BNA, con Batakis a la cabeza, esto sería un ultimátum o el riesgo de ser procesados.

 

Para Massa, esto implica profundizar el ajuste más allá de lo acordado con el FMI. El acuerdo con el Fondo obliga al país a reducir el déficit fiscal del 2,5% del PBI en 2022 al 1,9% en 2023.

 

En efecto, pagarle a la Ciudad 600 millones más al día equivale al 0,15% del PBI, lo que significa en términos prácticos un esfuerzo equivalente a reducir el déficit hasta el 1,75% del PBI. Dicho de otra forma, por cada cuatro pesos que Massa pensaba recortar hasta antes del fallo, ahora deberá encontrarle la vuelta para recortar cinco.

El ajuste presupuestado, con una economía virtualmente estancada, ya implicaba revisar gasto social. Si el Gobierno no quiere apelar a la inflación para licuar el gasto en salarios, jubilaciones y pensiones, entonces deberá apelar a más recaudación o bien a revisar otras partidas.

 Históricamente lo más fácil de recortar siempre fue la obra pública. El Presupuesto 2023 destina casi 1,6% del PBI a este concepto. Si Massa concentrara el recorte en Obras Públicas, uno de cada diez pesos presupuestados para Katopodis podría irse al pago de la cautelar de la Corte, una cifra similar a la proyectada para la construcción de viviendas en todo el país.

La opción de cobrarle Ganancias a los jueces que ahora tantea el peronismo, ya fue rechazada por Juntos cuando se trató el Presupuesto.

Por el lado de la redistribución de partidas, históricamente lo más fácil de recortar siempre fue la obra pública. El Presupuesto 2023 destina casi 1,6% del PBI a este concepto. Si Massa concentrara el recorte en Obras Públicas, uno de cada diez pesos presupuestados para Katopodis podría irse al pago de la cautelar de la Corte Suprema, una cifra similar a la proyectada para la construcción de viviendas en todo el país. Siempre dependiendo de cómo se resuelva el recorte, lo más probable es que también recaiga en la provincia de Buenos Aires. Es que la provincia de Kicillof fue la más favorecida con el reparto de estas partidas: 43% de las obras viales del presupuesto son para los bonaerenses.

El fallo de la Corte le mete presión a la meta fiscal con el FMI para 2023

De todos modos, como adelantó en exclusiva este medio, Massa apunta a eficientizar el uso de las partidas al interior de cada ministerio de modo que las que no se ejecuten en tiempo y forma en cada trimestre vuelvan al Tesoro. Esto le permitiría evitar algunos recortes y un mejor manejo financiero de los recursos estatales.

 

LPO pudo saber que en el entorno de Larreta no esperan que la Corte resuelva la cuestión de fondo en febrero, pero no descartan que el máximo tribunal se expida antes de fin de año y confían que el 3,5% de la coparticipación les será devuelto. “Esto fue una cautelar salomónica, una cifra entre el 3,5% que nosotros documentamos y el 1,4% que fijó Nación hasta que falle la cuestión de fondo”. Si la Corte fallara en favor de la Ciudad, entonces de 600 millones diarios, el pago ascendería a 750 millones por día.

 

Todo esto sin contar el “taxi” por la diferencia entre el 3,5% que se fijó por ley con el traspaso de la Policía Metropolitana durante el gobierno de Macri y el 1,4% que fijó Alberto y luego el Congreso avaló, acumula unos 253.500 millones de pesos. Esta cifra, otro 0,17% del PBI por el momento no está en disputa, sí los 12.500 millones que Nación no le giró a la Ciudad desde el fallo del 22 de diciembre.

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