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Le pusieron los puntos al tesorero general: malacostumbrado a contratar y designar a dedo

El titular de la Tesorería General de la Provincia del Chaco: Carlos Miguel Olivera, sufrió una serie de reveces en sus últimas intervenciones en las que hizo gala de una excesiva autonomía a la hora de contratar servicios y designar personal para cubrir vacantes o accesos.

Uno de los casos en los que debió dar marcha atrás es la designación o promoción de personal para acaparar puestos clave.

Así, mediante la Resolución 62/22, nombró arbitraria y definitivamente a un agente de su entorno a cargo del área de Rendición de Egresos, pero la designación no pasó el cedazo de la revisión técnica, donde fue declarada nula.

En un pormenorizado informe, las áreas competentes remarcaron que las vacantes sólo pueden ser cubiertas mediante concurso de antecedentes y oposición convocado por el Poder Ejecutivo, algo que en este caso no sucedió.

Hecha la convocatoria a concurso, deberían intervenir la Subsecretaría de Gestión Pública, la Dirección General de Recursos Humanos, Dirección General de Finanzas y Programación Presupuestaria, y Dirección de Planificación Organizacional, que fueron pasadas por alto.

El tesorero general Carlos Olivera fundó la reprobada promoción en una ley que, según él, le asigna la facultad de “reubicar personal» y «cubrir vacantes”, pero no tuvo en cuenta un detalle: la norma fue derogada hace 8 años. Y, además, aún cuando estuviera vigente, sólo lo autorizaba a realizar movimientos que no impliquen ascensos ni mayores responsabilidades.

El informe técnico lo pone al tanto de la situación y le informa que sólo puede solicitar al Poder Ejecutivo promociones o designaciones que estime necesarias, las que surgirán por decreto previo concurso, y no por medio de una mera resolución suya como la que pretendía hacer valer.

Por esto, se concluye que este nombramiento con la firma de Olivera resultó “nulo de nulidad absoluta”, y la misma suerte habrían corrido otros.

Contratos recortados

Con el mismo tono fue objetada la contratación de los servicios profesionales de 3 contadoras públicas para realizar “auditoría, recopilación de datos, análisis, elaboración de informes, situación del tesoro, balance preventivo de caja, conciliación bancaria, deuda pública, y demás trabajos afines”.

Después de 3 meses de trabajo de las profesionales, llegó a la conclusión de que la situación de la Tesorería General ameritaba extender los contratos desde el 1 de abril hasta el 31 de diciembre. A cambio, las mismas percibirían una remuneración mensual de 130 mil pesos durante los 3 primeros meses, 139 mil en julio, agosto y septiembre, y 159 mil pesos cada uno de los 3 últimos meses del año.

La llamativa contratación ameritó una evaluación que derivó en una morigeración de la extensión de los contratos y los montos a percibir. Finalmente, los servicios fueron contratados mensualmente y los honorarios fueron recortados a 70 mil pesos.

HDPN

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