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El Gobierno peruano autorizó intervención en las calles de FFAA en apoyo a la Policía

Según el Gobierno, la medida busca “asegurar el control y el mantenimiento del orden interno”, y aclaró que la resolución “no implica la restricción, suspensión ni afectación de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Perú”.

El Gobierno de Perú autorizó este martes la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional para “asegurar el control y el mantenimiento del orden interno”, así como para prestar apoyo en las operaciones policiales a las regiones centrales de Lima y Callao durante 30 días, debido a “un incremento significativo” del índice delictivo en esas zonas.

En una resolución suprema publicada en el Diario Oficial El Peruano, el Gobierno estableció que la actuación de las Fuerzas Armadas constituye una tarea de apoyo a la misión de la Policía Nacional y aclaró que “el control del orden interno” permanece en todo momento a cargo de la Policía Nacional del Perú, según reprodujo la estatal agencia Andina.

De acuerdo con el decreto, la Policía había denunciado un “aumento de las actividades de organizaciones delictivas dedicadas, entre otros, al tráfico ilícito de drogas en sus distintas modalidades, tenencia ilegal de armas, robos, hurtos y demás delitos que ponen en peligro la integridad física de los ciudadanos”.

Este aumento de la criminalidad, especialmente en la zona de la capital y el vecino departamento de Callao, alertó entonces la Policía, había “logrado sobrepasar la capacidad operativa” de la fuerza encargada de la seguridad interna del país.

Además, el texto aclaró que la intervención de las Fuerzas Armadas no implica en modo alguno la restricción, suspensión ni afectación de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Perú, las leyes y los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que el Perú es parte.

Uno de los primeros respaldos a la norma fue de la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, para quien la medida es positiva siempre y cuando “las actividades se realicen en el marco constitucional, y respetando fundamentalmente los derechos de las personas”.

Creo que cualquier intervención para pacificar es buena, siempre y cuando se dé cumplimiento a lo señalado en la norma: el respeto de los derechos fundamentales de las personas en general”, precisó la titular del Poder Judicial, en declaraciones que publica el sitio del diario La República.

En contra, en cambio, se pronunció el director para las Américas de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, quien se declaró “preocupado” por la decisión del Ejecutivo de Pedro Castillo.

“Perú: Me preocupa la resolución suprema 191 del presidente Pedro Castillo sobre el despliegue de militares para combatir la delincuencia en ciertas zonas del país”, escribió Vivanco en su cuenta de la red de Twitter.

El director de la organización defensora de los derechos humanos añadió que “los soldados están entrenados para la guerra, no para el control del orden público”.

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